Diomedes Meneses, preso político torturado por el estado colombiano: lo dejó en silla de ruedas, le sacó un ojo y le niega asistencia médica

Diomedes Meneses, preso político torturado por el estado colombiano: lo dejó en silla de ruedas, le sacó un ojo y le niega asistencia médica

Entrevista a Diomedes Meneses, transcripción y contexto Apcrítico

Esta entrevista* es un testimonio de la tortura que impera en las cárceles colombianas, la tortura es empleada contra los presos políticos de guerra y contra los presos políticos civiles, se estiman en al menos 9.500 los presos políticos en Colombia, a julio 2012.

Diomedes Meneses, preso político torturado por el Gaula (ejército), es hoy empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica, por el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario), desde hace más de dos años viene siendo privado de la debida asistencia médica, y su organismo padece de una infección que cada día lo lesiona más profundamente. Su caso es ilustrativo de la tortura que sufren las y los más de 9.500 presos políticos en Colombia. VIDEO testimonio de Diomedes Meneses:http://blip.tv/cocalo/diomedes-3393961 (se ruega adjuntar video a la publicación del texto)

Diomedes Meneses fue brutalmente torturado por el Gaula, y hoy sigue siendo torturado: por más de dos años una bacteria corroe su humanidad (…) Iguales circunstancias padecen miles de presos que son desatendidos en las prisiones colombianas, lugar donde se tortura sistemáticamente, incumpliendo el Estado colombiano sus obligaciones constitucionales de respetar el DIH, los derechos humanos” [1], denuncia el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). Diomedes ha sido víctima de torturas por parte del estado colombiano, quién le sacó un ojo con un puñal, e intentó asesinarlo en repetidas ocasiones, “utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas propinadas por funcionarios del Gaula” [Ibíd.]

Entrevista a Diomedes Meneses, Transcripción pensamiento crítico*

A continuación la transcripción de la entrevista a Diomedes Meneses Carvajalino, preso político y de guerra.

“El 25 de mayo de 2002, un sábado, me encontraba con un compañero, Boris, en un caserío llamado El Gramal, eran las 15h00 aproximadamente cuando llegaron 42 miembros del Gaula -yo pertenezco al Ejército de Liberación Nacional, ELN-. Nosotros nos encontrábamos de civil, y cuando ellos llegan nos comienzan a disparar.

No tenía el arma en uso, la tenía guardada, yo estaba en la esquina de una tienda (…) Me propinaron este disparo en la ceja y caí al piso, mataron al otro compañero, me propinaron otro disparo explosivo en el abdomen (a quemarropa) (…) me desarmaron y luego se alejaron unos 7 metros de distancia y me lanzaron una granada de mano, la granada me levantó como 2 metros del suelo. Después llegaron y viendo que todavía estaba vivo me agarraron a patadas y culatazos, me partieron esta pierna, la derecha, a punta de culatazos de fusil. Me daban con el cañón en la cabeza. Me dieron patadas, puños, culatazos de fusil, me insultaban, me preguntaban dónde estaban los demás compañeros (…) Cuando la granada detonó me reventó por dentro y me puso a vomitar sangre por la boca, por los oídos, por los poros, pero a ellos no les importó, ellos me siguieron golpeando. Un soldado llamó al Cabo Salazar, recuerdo bien su nombre, le dijo ‘este hijo de… no quiere hablar’ entonces el otro dijo ‘ahora habla por las buenas o por malas’ entonces ese soldado me puso la bota sobre la mano izquierda y el Cabo sacó un puñal y me chuzó todos los dedos, me iba preguntando y me iba clavando el puñal. Entonces me quitaron la bota de la pierna derecha y me sacaron uña por uña todas las uñas de los dedos del pie, y así siguieron con el otro pie. Luego se me vino encima y me agarró del cabello y me estrellaba contra el piso, y me colocó la punta del puñal en el ojo izquierdo y dijo que ‘hablaba por las buenas o hablaba por las malas’… Me hizo tres lances interrogándome, al cuarto lance me pinchó el ojo izquierdo, y yo sentí como me bajaba la retina… Perdí el ojo sí… esto es una prótesis ocular. Yo ya había botado mucha sangre, estaba lleno de esquirlas por todo el cuerpo, entonces el Cabo llegó y me degolló, y yo perdí el conocimiento.

En la prensa resulto ya en la bolsa de polietileno [dónde el estado pone a los muertos]. Me trasladan a la quinta brigada y luego a la Morgue. En la morgue duro 2 días hasta que me van a hacer la autopsia, me abren desde el hueso esternón hasta la pelvis y se dan cuenta de que estoy vivo porque boté calor, y entonces el médico que estaba haciendo el procedimiento se dio cuenta de que estaba vivo. Pero no me querían dejar salir, decían que no, que continuara que yo ni siquiera me había movido… pero otro llamó a los derechos humanos. Entonces me llevaron al hospital Ramón González Valencia, me pusieron choques eléctricos, entré en coma intenso, me metieron un ventilador a los pulmones porque no respiraba, sufrí de algo que se llama catalepsia, o sea estaba muerto pero estaba vivo. Duré 2 en la morgue y 13 días en el hospital, en catalepsia, y a los 15 días me despierto. Me suben al 6to piso. Al mes y medio el Gaula me hace un atentado antes de que yo hablara, porque yo aún no podía hablar por lo del tubo de respiración. Me hacen un atentado, se metieron 3 en la habitación y quedó uno en la puerta, uno de ellos sacó una jeringa de un bolso, pero en eso llegó un guardián, y guardó la jeringa, sacaron una cámara y dijeron que venían era a sacarme fotos y se identificaron como del Gaula con unas placas. El guardián le dijo que ya me habían tomado más de 500 fotos (…) El segundo atentado fueron 2 hombres del DAS vestidos de la electrificadota, pero el guardián los reconoció, le preguntaron dónde quedaron los contadores, y él les dijo que si eran de la electrificadora cómo es que no sabían dónde quedaban los electrificadores y les dijo ‘yo sé quienes son, no lo mataron cuando tuvieron la oportunidad, y ahora no lo van a poder matar porque está bajo custodia, y si le van a hacer algo me tienen que hacer algo a mi’. Ese comandante (guardián) ya está muerto… se cayó de una garita de la cárcel La Modelo y se mató…(…)

Luego me tenían que cambiar de clínicas y de hospitales, y apenas hablé puse la denuncia en la Fiscalía. Claro cuando pude hablar los denuncié pero en el estado colombiano no se ha hecho justicia. La denuncia está con nombres, apellidos, con número de cédula, con todo: son miembros activos del Gaula. Me intentaron comprar con cierta cantidad de plata; les dije que el dinero no valía mi salud, mi pierna, etc… A mi me trajeron con 36 compañeros sin camisa, en pantalonetas, descalzo. Estoy condenado por ‘tentativa de homicidio’ pero no sé de qué tentativa se trata porque yo no les disparé, ni siquiera llegué a usar el arma. Me condenaron por rebelión y por tentativa de homicidio a 22 años de cárcel, apelé y me quedó en 17 años. (…)

Duré 97 días en la celda con un compañero que padece de un cáncer terminal y me ha ayudado siempre a moverme, a bañarme, etc; pero estando el ausente yo llamé al enfermero pero estaba muy ocupado… intenté pasarme de la cama a la silla solo y se le corrió la silla y me partí el fémur derecho. Estoy en silla de ruedas con una bolsa de colostomía para hacer del cuero, y casi no comía… Se ganó con los derechos humanos que me dieran una comida alta en proteínas, pero resulta que me estaban dando era de la misma que a todos, era un cuento. En ese sistema de hospital a cárcel, los compañeros presos políticos fueron muy solidarios conmigo (…) Tenía bolsa de colostomía y me metían una sonda por el prepucio para orinar. Los compañeros presos políticos sacaban la bolsa y la lavaban en el baño, para el baño corporal me bañaban con cuidado en una silla plástica, yo no podía mover ni las manos (…) poco a poco ya tengo fuerza en las manos, la idea es recuperar las piernas… Cuando me cambiaron de cárcel de La Modelo a esta me partí una pierna, luego por la ampolla no he podido colocarme la férula, y lo otro es que aquí no hay fisioterapeuta.(…)

En esta cárcel han venido tomando una represalia política en mi contra (…) hay puros paramilitares y hombres del Gaula, pero nos dieron a ‘escoger’ a los presos políticos entre los calabozos y el patio paramilitar (…) Me roban, me hacen caer de la hamaca, me golpearon… me habían soltado la hamaca y me caí y me golpeé muy fuerte en el piso, la cadera y la columna. Porque en un patio de esos… saben mis limitaciones físicas y saben que yo soy un preso político, y ahí hay ejército, hay Gaula, hay paramilitares… Me intentaron envenenar, pero lo único que me causó fue una fuerte infección en el estómago que me causó una diarrea de esas que uno no alcanza ni a decir ‘compañero páseme al baño por favor’ porque ya está uno sucio… Mi seguridad no la está cuidando nadie, mi seguridad la estoy cuidando yo mismo. Lo otro es que en la comunidad dónde estoy [en la que no hay presos políticos, sino paramilitares] me toca pagar si me quiero bañar, para que me bañen… Porque el compañero preso político que me estaba colaborando tiene un cáncer terminal, un linfoma Hodcking, y ya no me puede colaborar, antes si me ayudaba en todo… Ahora yo tengo que lavar la ropa, reclamar la comida… A veces duro varios días sin poder bañarme porque no cuento con los recursos suficientes. Lo otro es que lo lleven en remisión a uno, y nos toca dormir en el suelo…

Me están doliendo las piernas, ya no me las soporto, no puedo dormir tranquilo, no puedo comer tranquilo, no puedo estar tranquilo en el día porque el dolor no me deja; por eso me cambiaron a morfina pero no me calma el dolor.

Yo quiero es que se haga justicia porque están los 15 nombres de los que me torturaron a mi, están con número de cédula, nombres y apellidos, entonces por qué no han hecho justicia. Y lo otro es que me miren a mí: ¿me consideran acaso peligroso para ponerme en una cárcel de estas que es de ‘alta peligrosidad’? Miren como estoy yo… si me agarran y me bajan y me botan ahí [patio], ahí me toca estarme, porque si no viene nadie que me recoja y me ayude a montarme a la silla, ahí me toca estarme, y si duro días ahí pues me toca orinar ahí, y hacer del cuerpo ahí porque para dónde voy a coger? ¿Por qué tanta represión, tanta persecución política?

El fiscal es conocedor de mi situación, yo se la día conocer. La jueza especializada Nelly Vallejo no tuvo en cuenta mi condición, no sé qué se trae ella contra los presos políticos. No pasó la demanda para que la pasaran a la fiscalía y estaba el procurador y el fiscal ahí, y no pasaron la demanda. A ellos no les gusta que se hable de estos temas.

Sí hay persecución y bastante. Persecución y tortura. Hay tortura, tortura sicológica, verbal, me insultan. Que tengan en cuenta el cómo estoy y que por qué me niegan los beneficios (subrogados). ¿Por qué tengo que estar en esta cárcel de alta seguridad?

Nos obligaban a inyectarnos con la misma jeringa. Uno llega aquí co dolor y lo único que hacen es meterlo a uno en una celda. Uno requiere servicio médico y no le dan nada. Lo dejan a uno muriéndose del dolor. Antes de que llegaran ustedes estaba que lloraba, que gritaba del dolor, desesperado, yo no tengo tranquilidad ni para comer ni para dormir, por el dolor tan penetrante… No nos dan los medicamentos.(…)

Nos sacan a las 5 de la mañana de la celda y hasta las 18h00 no podemos volver a ingresar a la celda, y para mi situación es muy duro, al menos si me acuesto, duermo un rato… y como por el dolor no duermo casi en la noche, pues me da sueño de día y no puedo acostarme… y todo el día sentado, es por eso también que se me hinchan los pies.

De mi familia no sé nada desde hace bastantes años, no sé si están vivos si están muertos, no sé si mis hermanos están bien, si nacieron más niños, si tienen mujer… no sé nada…

NOTAS:

* La tortura es empleada contra los presos políticos de guerra y contra los presos políticos civiles, se estiman en al menos 9.500 los presos políticos en Colombia. Esta entrevista fue realizada por el CSPP en marzo 2010 y transcrita por el equipo de Pensamiento Crítico (Apcrítico) en 2012. Constituye un documento importante dada la contundencia del testimonio, que ha logrado sortear la censura carcelaria. Este testimonio cobra mayor relevancia dado que la tortura de negación de asistencia médica se ha instalado como un dramático sistematismo contra los presos políticos. La situación de Diomedes se ha empeorado, y sigue la negativa de asistencia médica como forma de tortura contra él y miles de presos políticos.

[1]http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&;view=article&id=559:despues-de-dos-anos-diomedes-meneses-carvajalino-continua-sin-recibir-atencion-medica-adecuada&catid=23:comunicados&I

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Entrevista en VIDEO testimonio de Diomedes Meneses: http://blip.tv/cocalo/diomedes-3393961

Unai Aranzadi, autor de 'Colombia Invisible': “El peligro es que te etiqueten de terrorista”

Unai Aranzadi, autor de 'Colombia Invisible: “El peligro es que te etiqueten de terrorista”

por Elena Cívico

Viernes, 01 de Junio de 2012

Con ‘Colombia Invisible’ nos enfrentamos a las causas de una guerra. Durante 65 minutos veremos al presidente Juan Manuel Santos inaugurar con champagne un megaproyecto español mientras los niños desplazados por este, mueren a pocos metros...

Entenderemos por qué los trabajadores bananeros arriesgan sus vidas, pero también escucharemos soluciones, las que Unai Aranzadi plantea en su último documental.

Imágen del documental 'Colombia invisible'. Foto: © Unai Aranzadi.

Unai Aranzadi (Bilbao, 1975) es un periodista, fotógrafo y documentalista especializado en enfrentamientos armados y derechos humanos. Desde 1995 se ha dedicado a informar sobre los conflictos en Libia, Chechenia e Ingushetia, Irak o Palestina, entre muchos otros, sin dejar de lado las reyertas sociales y políticas que se han producido en Bolivia, India, Nicaragua, País Vasco o El Salvador. Desde el año 2001 vive entre Estocolmo y Bilbao, dirigiendo la agencia y productora independiente de televisión, Independent Docs.

El realizador está a punto de estrenar su último trabajo, ‘Colombia Invisible‘. Un proyecto auspiciado por la organización vasca Mundubat que la política y abogada colombiana Piedad Córdoba ha definido como “una pedrada sobre un ventanal polarizado, que creíamos no poder romper, para ver la crudeza de una realidad oculta e injusta”. El objetivo último de Aranzadi es hacer visible el conflicto en el que está sumido Colombia para alentar, de este modo, la búsqueda de una solución pacífica por medio de la herramienta política.

Control policial en Saravena (Arauca) en 2004. Foto: © Unai Aranzadi.

¿Dónde está la raíz del conflicto, por qué no trascienden las causas?
La raíz viene de la desigualdad, y de muy antiguo. Si el genocidio acontecido a partir de 1492 ya dejó un poso de violencia en todo el continente, en Colombia este se acentuó aún más a partir de la independencia, cuando las clases privilegiadas establecieron un bipartidismo que estimuló la ‘guerra continua’, generando una especie de estado de sitio permanente en el cual hacían y deshacían a su antojo. ¿Y qué hacían? Quedarse con todas las tierras y riquezas. ¿Y qué deshacían? Cualquier propuesta salarial, sindical, social o política opositora. Respecto a por qué no trascienden las causas te lo voy a responder rápido, con un ejemplo. ¿Sabes que el periódico más grande de Colombia, que ahora cuenta con capital español, es propiedad de la familia del presidente Santos? De ese tipo de país estamos hablando, de un país en el que el clan del presidente es dueño del poder mediático.

Cinco millones de desplazados, 3.000 sindicalistas muertos, 175.000 asesinatos a manos de paramilitares. Estas no son cifras que tengan una gran repercusión en los medios de comunicación españoles. ¿Quién se beneficia de la connivencia pasiva de los grandes medios?
Por ejemplo, los dueños de Vocento y Prisa. Ellos tienen acciones, dinero e intereses en la mal llamada ‘inversión española’. Por tanto, si la vaca te da leche, tú no quieres complicar la vida a la vaca. Segundo: tanto Vocento como Prisa, el grupo Zeta o Unidad Editorial viven de la publicidad y creo que quedaría muy mal publicar una denuncia sobre los asesinatos cometidos por la implantación de una energética en tal zona y junto a este, un anuncio de esa misma energética diciendo: “Somos energía limpia”. Es decir, el periodismo contemplado como mero negocio termina siendo corrupción.

Colombia es el país de América Latina con más desigualdad. ¿Se están llevando a cabo medidas para equilibrar la balanza por parte del Gobierno?
No, no hay las más mínima intención de hacer un reparto de tierras equitativo. Todo lo contrario. En la nueva ‘ley de restitución de tierras’, que es la ley que falsamente pretende devolver las tierras robadas por los paramilitares a los pobres, solo se reconoce la mitad de estas y, además, cuando los campesinos regresan a su terreno, son asesinados por los paramilitares que defienden los intereses del Estado. Ya van unos 60 en los últimos meses.

Unai Aranzadi, rodando un documental en Chechenia en 2008. Foto: © Rostam Masugov.

¿Cómo te las has arreglado para moverte en Colombia?
El colombiano, en su diversidad, es uno de los pueblos más audaces e inteligentes que jamás haya conocido. Ellos saben bien cuando toca colaborar y cuando no. Yo llevo muchos años y viajes visitando el país y tengo una buena agenda de amigos, colegas y conocidos, por lo que la gente siempre me echa una mano. Para mí Colombia es mucho más que un sujeto periodístico. Yo me siento colombiano de los pies a la cabeza y por eso lucho con mi cámara y micrófonos, para que ese sistema terrorífico que es hoy el Estado, se transforme en algo bueno para el pueblo.

Desafiar la versión oficial conlleva riesgos.
Mi asistencia a esos lugares, donde el Estado y el paramilitarismo mata, es voluntaria. Lo importante son los personajes de mis historias y ellos sí que arriesgan la vida, no solo por contar lo que les pasa, sino por realizar sus tareas cotidianas. Hoy en día veo a muchos profesionales grabándose a sí mismos en escenas bélicas o explotando sus aventuras y, francamente, me parece tremenda esa forma de rentabilizar la miseria ajena. Frente al enorme sufrimiento y coraje de quienes protagonizan mis historias, el único peligro que observo para mí, es el que corre todo periodista que se acerca a las verdades incómodas. El peligro es que te etiqueten de ‘terrorista’, como sucede en Colombia, en Turquía, en Palestina, en el Sáhara o también en casa. Por ejemplo, la sociedad española debería saber que los periodistas Javier Salutregi, Teresa Toda y Miguel Ángel Llamas siguen en la cárcel por producir artículos y reportajes prohibidos para la inquisición actual. Confío en que en diez años esto se observe como una vergüenza histórica, tipo el cierre de ‘Egin’ y ‘Egunkaria’, pero como siempre hacen falta diez años de por medio para comprender muchas cosas. Aquí también hay mucho miedo a hablar, a pensar, a denunciar… No solo en Colombia.

Has estado en contacto con la guerrilla, con los militares y con los paramilitares.
La guerrilla me interesa mucho y conozco tanto las FARC como el ELN, en diferentes frentes de diferentes regiones. Como periodista y humano, me parece extraordinariamente interesante que haya alguien luchando por algo que no es material, es decir, por un ideal en condiciones durísimas. Sin embargo, también les he criticado en artículos, reportajes y documentales cuando he observado algunas violaciones de los derechos humanos. Luego está el Estado y los paramilitares, que es lo mismo pero con diferente nombre. Ellos combaten por un sueldo y son, de largo, quienes más violan los derechos humanos. Recuerdo en 2005, llegar a la comunidad de San José de Apartadó y encontrar esa realidad de bebés cortados con motosierra por los paramilitares, gracias a que el ejército les protegió el perímetro. ¿Sabes que en aquel entonces Uribe, el niño mimado del PP y el PSOE dijo que ellos no tenían nada que ver, y al final quedó demostrado en un juicio que fueron ellos?

'Colombia Invisible; pretende visibilizar el conflicto. Foto: © Unai Aranzadi.

¿Hay soluciones factibles?
Yo personalmente creo que la solución pasa por una mesa de diálogo sin exclusiones y una verdadera reforma agraria. Pero, de todos modos, para encontrar soluciones, hay que hablar. Si Santos y las demás familias dueñas del país obtienen beneficios sin arriesgar la vida de sus hijos, ¿por qué cambiar el sistema o ceder en algo? Si Estados Unidos sigue utilizando su territorio para mantener tropas o si España sigue explotando los recursos del país a precios de saldo, ¿por qué van a querer cambiarlo? La paz pasa por la justicia social y, hoy día, no hay paz ni social, ni política, ni militar, pues el sistema que se ha impuesto desde la supuesta independencia considera a unas personas más iguales que a otras ante la ley.

La gente de a pie forma parte de esa ‘Colombia invisible’. ¿Cómo están contribuyendo a cambiar el futuro del país?
Lo hacen como sindicalistas de base, como políticos de partidos tradicionalmente criminalizados, como campesinas en las más remotas veredas o como defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. Lo hacen sin recursos y con una dignidad insólita. Yo aprendo de ellas y las admiro.

Este es un trabajo de Independent Docs para Mundubat. ¿Cómo surge el encargo?
Ellos saben de mi trabajo, de cómo lo hago y de mi forma de ver el mundo y el documentalismo, por tanto, tengo la suerte de poder cooperar de vez en cuando con Mundubat, que es una organización vasca fundada en los 80 como respuesta a todo lo que sucedió en las guerras de liberación centroamericanas. Ellos, a diferencia de la mayoría de ONG, no contribuyen a la caridad sino a la justicia, que es lo que necesitan los pueblos para crecer con dignidad. La ayuda humanitaria a veces puede estar bien, pero son aspirinas contra el cáncer. Sin embargo, la igualdad política sí que puede producir un cambio auténtico. Guardo muchas críticas a las ONG, pero es que este mundo es como el del periodismo, hay de todo. En fin, es un placer coincidir ideológicamente con ellos.

	“Solo tres grandes agencias occidentales dictan el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo” ¿Qué medios de comunicación, webs o publicaciones recomendarías? Vivo en Escandinavia, donde hay grandes medios de comunicación públicos, que es algo que yo estimo y defiendo mucho. Sin embargo, si hablamos de la piel de toro, soy de los que piensa que hay que leer de todo. Hay que leer hasta la voz del poder que es ‘El País’, ‘El Mundo’ y ‘ABC’ para comprender qué piensa el BBVA, Repsol, la Corona y la OTAN, pero para llegar mas lejos en temas de internacional, habría que visitar ‘Gara’ o habría que ir a ‘Rebelión.org’ y otros pequeños medios alternativos para encontrar análisis y crítica en profundidad. Por otro lado, de medios extranjeros podría hablar de ‘The Guardian’, ‘Channel 4′ y similares, pero la verdad es que yo, a día de hoy, para saber lo que pasa en determinados conflictos lo que hago es meterme, a través de internet, en los medios locales de los destinos que me interesan. Para cogerle el pulso a cómo está la cosa con la guerrilla del LRA, me voy directamente al ‘New Vision’. Para curiosear sobre Ergenekon o el PKK, pues a ‘Hurryet’, en fin, invirtiendo tiempo, voy picando de aquí y allá, tratando de evitar la mirada colonial de británicos, franceses o gringuitos, porque también sucede eso, son solo tres grandes agencias occidentales las que dictan el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Llámenlo todo lo profesional y pomposo que quieran, pero no es democrático. Las mayorías no tienen voz, por eso toca ratonear en la red, para encontrar ventanitas desde donde escucharlas.

http://www.nonada.es/2012/06/unai-aranzadi-el-peligro-es-que-te-etiqueten-de-terrorista.html

El holocausto de una familia de líderes obreros a manos de la herramientas paraestatales. Entrevista a Carmen Mayusa, dirigente de Anthoc

Carmen Mayusa, de Anthoc, cuando hablaba con PARÉNTESIS. (Foto: Alex Franco).

 El holocausto de una familia

 de líderes obreros

Por Luis Alfonso Mena S. (*)

Cuando los más de 250 asistentes al Tribunal Mundial de Libertad Sindical terminaron de escuchar el testimonio de vida y de lucha de Carmen Mayusa, dirigente de la Asociación Sindical Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Anthoc, automáticamente se pararon de sus butacas y durante largo rato le rindieron un homenaje permaneciendo de pie y batiendo sus palmas.

La emoción embargó a los delegados de las 81 organizaciones sindicales del país congregados en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional: muchos se preguntaban cómo podía resistir una mujer la pérdida de cuatro hermanos, asesinados por paramilitares, lo mismo que el encarcelamiento propio y de una hermana con su pequeño hijo de año y medio de edad durante 25 meses y seguir firme para contar su historia de sacrificio.

En 1992 se inició su odisea, cuando le desaparecieron a un hermano, continuó en 2003, año en el que otro hermano sufrió similar crimen. El 13 de diciembre de 2003, paramilitares del Meta entregaron el cadáver de éste, descuartizado, en bolsas de basura.

En 2004, Luis Mayusa, uno de los fundadores de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, fue detenido en el departamento de Arauca y liberado cuatro meses después. Sin embargo, el 8 de agosto de 2008 fue asesinado.

Lenin Mayusa, su cuarto hermano, también fue asesinado. Ello ocurrió el 31 de diciembre de 2010 en el municipio de La Unión, departamento del Valle del Cauca. PARÉNTESIS habló con Carmen Mayusa.

--Usted ha hecho unas denuncias muy graves en el Tribunal Mundial de Libertad Sindical sobre la forma como el Estado y paraestatales han, prácticamente, desaparecido a su familia por ser dirigentes sindicales y sociales…

--El Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical debe de conocer verdades ocultas en Colombia, porque sabemos plenamente que la persecución a la dirigencia sindical, la masacre al movimiento sindical se esconde en Colombia. Los gobiernos tradicionalmente han venido engañando al mundo entero diciendo que en Colombia no se violan los derechos humanos de los sindicalistas y, mucho menos, que los asesinan o los persiguen. Pero nosotros tenemos que ratificar una vez más que la persecución y el exterminio de la dirigencia sindical es latente en nuestro país. El caso mío es uno de los tantos que han existido en Colombia, porque a la dirigencia sindical no solamente se le asesina un líder sino que se le extermina su núcleo familiar en muchas de las ocasiones, y en mi caso he tenido asesinados ya cuatro hermanos dirigentes sindicales y sociales de la izquierda, reconocidos en el departamento del Meta  y en Colombia, porque mis hermanos han hecho un trabajo en defensa de los derechos humanos y en defensa de la libertad de expresión sin temor a equivocarme, en defensa de las luchas de las clases marginadas en Colombia, en defensa de los trabajadores y en defensa del campesinado, en defensa de las libertades de opinión. Por eso hemos sido estigmatizados, hemos sido vilmente acribillados por fuerzas oscuras del Estado y hemos sido víctimas de los falsos positivos.

--No sólo ha sido víctima del exterminio de su familia sino que usted estuvo detenida…

--Nosotros fuimos detenidos casi toda la familia con una hermana, Nieves Mayusa,  su niño de tan solo 18 meses, a quien cariñosamente lo llamamos el ex presidiario, porque tuvo que pagar cárcel junto con su madre durante 25 meses y siete días en El Buen Pastor, por culpa de un falso positivo judicial que inventaron, que montaron las fuerzas oscuras del Estado. Lamentablemente el señor fiscal Óscar Toro Lucena nos señaló y ordenó nuestra captura y nuestro enjuiciamiento, pero por fortuna la solidaridad del pueblo colombiano y sus diferentes organizaciones sindicales, políticas y sociales nos acompañaron y el mundo entero se manifestó contra la arbitrariedad que se cometía, contra ese encarcelamiento y ese enjuiciamiento y hoy por hoy contamos con una libertad absoluta por la solidaridad que tuvimos de los trabajadores colombianos y del mundo entero.

--¿Cuáles son las perspectivas de la lucha, sobre todo en el sector de la salud?

--Creemos que en este momento lo más importante es unificar el esfuerzo de todos los trabajadores colombianos en contra de la tercerización laboral, para algún día, más cercano que lejano, contar con que en las entidades del sector de la salud todos nuestros compañeros trabajadores sean vinculados realmente a las plantas de cada una de las entidades y que gocen del respeto a sus derechos laborales como hemos venido luchando nosotros por más de 30 años.

-- Hemos notado que hay una gran presencia de mujeres, especialmente del sector de la salud. ¿Se ha elevado el nivel de combatividad en la mujer en Colombia en el sindicalismo?

-- Nosotros consideramos que las mujeres colombianas hoy tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de sacar adelante el futuro de nuestras familias y por eso cada día nos vestimos de más fortaleza y decisión combativa para defender el futuro del pueblo colombiano.

(*) Director del periódico PARÉNTESIS, de Cali, Colombia.

http://parentesiscali.blogspot.com.es/2012/05/entrevista-carmen-mayusa-dirigente-de.html

Tribunal Mundial de Libertad Sindical condena al estado colombiano por homicidios, torturas y otros atentados graves contra la libertad sindical

Por homicidios, torturas y otros atentados graves contra la libertad sindical

El Tribunal Mundial de Libertad Sindical condena al estado colombiano

Tribunal Mundial Sindical

EL TRIBUNAL MUNDIAL DE LIBERTAD SINDICAL resuelve: "Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical." 

 COLOMBIA

Bogotá  D.C.,  veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012).

El TRIBUNAL MUNDIAL DE LIBERTAD SINDICAL  integrado por los siguientes Magistrados: LUIS ENRIQUE RAMÍREZ, Presidente; LYDIA GUEVARA RAMÍREZ, Secretaria; LUIZ SALVADOR, OSCAR ALZAGA, JOSÉ LUIS CONTRERAS MONTES, GRETEL HERNÁNDEZ OLIVA y SEBASTIÁN VISCUSO, reunidos en sesión plenaria, en el expediente caratulado  “Sindicatos de Colombia c/ República de Colombia s/ Violación del principio de libertad sindical” (Causa No. 001/ 2012.), dicta la siguiente

SENTENCIA

I.-OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El Tribunal ha recibido una demanda general que resume la presentada por 81 organizaciones sindicales y por trabajadores independientes, cuyo detalle se realizó en el auto de admisión de la demanda, de fecha 23 de mayo de 2012.

En ella se denuncian graves violaciones al principio de libertad sindical por parte de la República de Colombia,  alegándose que los trabajadores de este país, “siempre han sido blanco de los ataques de la clase política tradicional”, situación que se habría agravado a partir de 1965, según los demandantes, cuando “se acogió por el Estado la doctrina de la seguridad nacional o del enemigo interno”.

Dice la demanda que “el paramilitarismo se ha convertido en una política de Estado, cuyo blanco principal son los defensores de derechos humanos, los opositores y los trabajadores.”

Luego la demanda desarrolla y fundamenta este punto, explicando la responsabilidad de los Estados Unidos en la actividad paramilitar en Colombia y la complicidad de los partidos políticos tradicionales. La demanda también relata otras violaciones graves a los derechos humanos, cuyo origen se vincula al derecho de libertad sindical, que prácticamente es impedido su cabal ejercicio por los trabajadores.

II.- COMPETENCIA

En el auto de fecha 23 de mayo de 2012 el Tribunal fundamentó su legitimidad y su competencia para conocer en el presente caso. En primer lugar, por estar conformado por juristas y personalidades sociales  de diferentes países, ajenos a la controversia planteada.

Decíamos en esa oportunidad, que el Tribunal Mundial de Libertad Sindical – Colombia (TMLS), es un tribunal ético internacional, fundado por representantes de la sociedad civil que pretenden denunciar y hacer visible, ante la comunidad nacional e internacional, la sistemática violación en Colombia de una de las libertades fundamentales de la persona humana: la libertad sindical.

Es un tribunal ético, porque nace con el propósito de generar conciencia sobre la degradación  de ese derecho humano, que la institucionalidad no ha podido, o querido, preservar. Su existencia se explica por el fracaso de las estructuras políticas formales, en dar una respuesta adecuada a las agresiones que sufre la libertad sindical en este país. Cuando los sistemas judiciales convencionales se muestran impotentes para suprimir esos comportamientos, por ser incompetentes, tolerantes o, peor aún, cómplices, entonces las víctimas y los pueblos tienen el derecho de reapropiarse democráticamente de la justicia, generando un espacio para la denuncia, la condena y la difusión de los hechos de violación de la libertad sindical, identificando a sus responsables.

El Tribunal no sustituye a los tribunales formales, sino que coadyuva a que las normas nacionales e internacionales se reconozcan y apliquen.

Sin lugar a dudas, este es un paso para terminar con la impunidad, al exhibir ante la comunidad local e internacional hechos que repugnan a la conciencia social de la humanidad, y que van a contramano del siglo XXI, que es el siglo de los derechos humanos. Se trata, ni más ni menos, que desenmascarar la injusticia, y forzar la reacción de aquellas personas e instituciones, que tienen la capacidad de movilizar mecanismos correctivos de estas conductas socialmente reprochables.

Cuando la violación de los derechos en general, y de la libertad sindical en particular, pasan a ser parte del escenario de lo cotidiano, y cuando las conciencias parecen estar anestesiadas, seguramente como mecanismo de defensa para poder sobrevivir a semejante degradación social, entonces las instituciones entran en una profunda crisis. Pierden legitimidad porque pierden credibilidad. Y llegado a este punto, los pueblos tienen el derecho a exigir y buscar justicia, la que les permite alzar la voz y denunciar a los violentos, a los corruptos, a los delincuentes, a los explotadores, que degradan las instituciones republicanas y, en nuestro caso, a los que sistemáticamente violan el principio de libertad sindical en sus diversas manifestaciones.

III.- TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL

Recibida la demanda, al estar designadas las partes y  pertenecer los hechos denunciados al marco de competencia del Tribunal, se ordenó notificar al Presidente de la República de Colombia, Señor Juan Manuel Santos Calderón para que pueda ejercer el derecho de defensa.

Paralelamente, se dispuso la producción de la prueba ofrecida por la parte demandante, ordenando que por Secretaría y atento a su volumen, sea reservada y archivada la documentación, y que se tome declaración a los testigos ofrecidos realizándose las audiencias los días 23 y 24 de mayo de 2012 en el horario de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas.

IV.- EL MARCO NORMATIVO

Para resolver la controversia planteada, el Tribunal ajustó su decisión a la Constitución Política (CP) de la República de Colombia, artículos 25, 39, 53, 55 y 56; al Código Sustantivo del Trabajo (CST), a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), números 87 (1948) sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949), 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (1978) y 154 sobre el fomento de la negociación colectiva (1981); a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.23); a la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 20 y 23.4), a los llamados “Pactos de Nueva York”, el relativo a los Derechos Civiles y Políticos (art. 22.1) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8.1), el Protocolo de San Salvador (art. 8) y demás tratados que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia sindical.

También se tuvieron en cuenta los dictámenes y resoluciones de los organismos internacionales de interpretación y aplicación de dichos tratados y convenios, como, por ejemplo, la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de Normas y el Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Por último, pero muy especialmente, el Tribunal apoyó su decisión en la doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos “Baena, Ricardo y otros” (02/02/2001) y “Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005).

El Tribunal destaca que la profusión de normas internacionales que consagran el principio de libertad sindical, permite considerarlo como un derecho humano fundamental integrante del “ius cogens” o derecho consuetudinario de gentes, obligatorio para todos los países, conforme al Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.

V.- LA LIBERTAD SINDICAL

Ingresados en el siglo XXI, el Tribunal considera innecesario explayarse mayormente sobre la libertad sindical, uno de los pilares de toda sociedad democrática. Baste decir que la libertad sindical comprende tanto a la llamada libertad sindical individual, consistente en la facultad de constituir sindicatos, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, como la libertad sindical colectiva o autonomía sindical, que permite a las organizaciones sindicales realizar toda actividad lícita, incluida la huelga, para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.

La función de los sindicatos, en las sociedades modernas, es crear una fuerza social que contrarreste los poderes empresariales. Pero el desconocimiento sistemático de la libertad sindical deriva en una situación de debilidad estructural de las organizaciones gremiales, lo que facilita los abusos y atropellos a los derechos de los trabajadores.

La libertad sindical está íntimamente vinculada con la subsistencia del trabajador y de su familia, con la protección y mejoramiento de sus intereses y derechos, ya que es la garantía para el ejercicio de sus derechos laborales, como son al trabajo digno y estable y a una remuneración justa. Y si la libertad sindical está relacionada con la subsistencia de la persona, entonces está vinculada con el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Esto explica que la propia O.I.T diga en sus informes, que la libertad sindical y la libertad de asociación son un derecho humano fundamental y un valor medular del sistema, cuyo propósito principal es que los trabajadores defiendan sus derechos adquiridos y aún puedan mejorarlos.

Las normas constitucionales y la ratificación de los tratados internacionales sobre derechos humanos y los Convenios de la O.I.T., es un dato importante para juzgar la situación de la libertad sindical en Colombia. Pero lo  verdaderamente esencial es el grado de aplicación efectiva de esa normativa. Este Tribunal ha podido comprobar, con las pruebas producidas, que en Colombia existe una enorme brecha entre la norma jurídica protectora y su aplicación en la realidad.

Se viola la libertad sindical cuando el ordenamiento jurídico interno crea condiciones para la existencia de organizaciones de trabajadores débiles y sin capacidad de acción sindical. También cuando se reglamenta el derecho de huelga para que sea inofensiva, o cuando la negociación colectiva es un burdo simulacro. Pero la más grave violación de la libertad sindical se produce cuando la violencia contra el sindicalismo es permanente, en el marco de una  evidente impunidad, sobre todo de los grupos paramilitares, lo que nos habla de un Estado ausente o, peor aún, cómplice.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005), ha dicho: “El estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues, de lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses”. Agregando: “Por lo tanto, la ejecución de un líder sindical, en un contexto como el del presente caso, no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de un determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor”.      

La O.I.T ha señalado: “un clima de violencia, de presiones y de amenaza de toda índole contra dirigentes sindicales y sus familiares no propicia el ejercicio libre y el pleno disfrute de los derechos y libertades que consagran los Convenios núms. 87 y 98 y todo Estado tiene la ineludible obligación de fomentar y mantener un clima social donde impere el respeto a la ley, como único medio para garantizar el respeto y la protección a la vida”.

(Véase Recopilación de 1996, párrafos 61 y 62; 306.º informe, caso núm. 1903, párrafo 489, 331. Informe, casos núms. 1937 y 2027, párrafo 106; 327.º informe, caso núm. 1787, párrafo 342 y 333. Informe, caso núm. 2268, párrafo 755.) 

La experiencia indica, que el ejercicio de la libertad sindical está claramente condicionado, por el nivel de respeto que exista en un país de las libertades individuales, en particular el derecho a la seguridad de las personas, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión, el derecho a la defensa en juicio ante tribunales independientes e imparciales y el derecho a la protección de los sindicatos.

En un país en el que se verifican graves violaciones de las libertades civiles, no puede existir libertad sindical. Colombia es un ejemplo, pues la sola existencia de los paramilitares es un atentado contra la legalidad y el Estado Social de Derecho.

Estrechamente vinculado con esta situación, aparece generalmente una administración de justicia deficiente, lo que sirve para incrementar aún más el clima de impunidad e inseguridad  existentes.

Las restricciones civiles y políticas constituyen una de las principales causas de violación de la libertad sindical, reconoce la O.I.T., lo que explica que casi la mitad de las quejas que recibe el Comité de Libertad Sindical se refieran a violaciones de derechos humanos. El mismo organismo internacional ha dicho, reiteradamente, que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido, cuando no existen las libertades civiles. Por ello ha insistido que un clima de violencia e inseguridad, es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales.

Es responsabilidad directa del Estado garantizar a los dirigentes sindicales, no sólo su vida, su integridad física, o su libertad, sino también la libertad de movimientos y de circulación, sin temor a represalia alguna. El Tribunal, conforme a la abrumadora prueba producida en esta causa, considera que el Estado colombiano no cumple con esa responsabilidad.

VI.- SOBRE LOS HECHOS COMPROBADOS

El Tribunal ha podido comprobar que en el Estado y sectores empresariales colombianos existe una especie de cultura antisindical, que corre en paralelo con una cultura de la violencia como forma de resolver los conflictos. Un comportamiento es cultural cuando mas allá de su legalidad o legitimidad está socialmente considerado como incorporado al orden natural de las cosas.

Está demostrado que la violencia ejercida desde el Estado o desde los grupos económicos, reduce la sindicalización y dificulta enormemente la formación de nuevos sindicatos. En 1970 había una sindicalización del 14% de la población económicamente activa, y en la actualidad es menor del 4%, resultando que sólo el 2% de los trabajadores está amparado por la negociación colectiva.

Con procesos de violencia contra la fuerza de trabajo se ha logrado en este país deslaboralizar la contratación individual, disfrazada como contratación civil, y sustituir al trabajador formal por trabajo subcontratado o tercerizado. Paralelamente, este proceso ha sido acompañado por una fuerte ofensiva contra el derecho a la negociación colectiva, desnaturalizándose e incumpliéndose los convenios colectivos de trabajo vigentes, cuyas cláusulas son sistemáticamente violadas, tanto por el Estado como por los empleadores privados.

La violencia antisindical ha posibilitado la aparición de cooperativas de trabajo asociado fraudulentas, que disfrazan como socios cooperativos a quienes no son otra cosa que trabajadores dependientes. Otro fenómeno similar es la utilización fraudulenta de las agencias de servicios eventuales o temporarios, que pretenden reemplazar a los trabajadores efectivos por trabajadores que originan un menor costo laboral y que representan una fuerza de trabajo de difícil o imposible sindicalización.

Este Tribunal considera que la mayoría de los trabajadores colombianos se encuentran en una situación laboral, que podríamos calificar como la prehistoria del Derecho del Trabajo, situación a la que se llega merced a los hechos reiteradamente mencionados y denunciados en esta causa.

Frente a la violencia irracional, generalmente originada en función de la protección de los intereses de los grupos económicos y de las empresas multinacionales, la reacción del Estado  colombiano, reiteradamente denunciado y condenado por los organismos internacionales, ha sido la de desarrollar ineficientes procedimientos de protección de los dirigentes sindicales, omitiendo atacar con auténtica convicción política las causas que motivan dicha violencia.

El Tribunal da por acreditado que en Colombia existe una indisimulada alianza entre el Estado y los grupos económicos y financieros, locales y extranjeros. Por lo tanto, resulta evidente que existen poderosos intereses para mantener un movimiento sindical débil y fragmentado, situación que a veces se agrava por la actitud de alguna dirigencia sindical, que actúa según sus propios intereses.

Ante los hechos notorios de graves violaciones a los derechos humanos de la clase trabajadora el Tribunal tiene por debidamente probada la impunidad con la que actúan los responsables de dichas violaciones. Y en este fenómeno es clara la responsabilidad del Poder Judicial.

Los fueros sindicales, que son la herramienta que permite garantizar la actividad de los representantes sindicales, y que están reconocidos en la Constitución Política de Colombia y en los Convenios de la O.I.T., son sistemáticamente violados. El Tribunal ha podido comprobar, que el despido arbitrario de los dirigentes y activistas sindicales es un hecho que se reitera con llamativa regularidad. Situación que se ve agravada cuando con total impunidad se desconocen órdenes judiciales de reintegro de los trabajadores afectados.

En Colombia las relaciones laborales no son democráticas ni participativas. Son profundamente autoritarias. El trabajador es un sujeto sin voluntad, que deja en la puerta del establecimiento sus derechos ciudadanos. La empresa es, en general, una estructura autocrática, donde uno manda y los demás simplemente obedecen. Se desconoce el acuerdo bilateral y democrático de las partes que integran la relación laboral. El trabajador es un simple engranaje, fácilmente sustituible, de una maquinaria cuyas palancas son movidas por manos, cuyo dueño ignora.

La estabilidad laboral es la madre de todos los derechos laborales, porque un trabajador sin estabilidad tiene escasas posibilidades de defenderlos. El Tribunal ha podido comprobar que en Colombia las relaciones laborales son inestables, violentándose el principio de la permanencia del contrato de trabajo. La ausencia de libertad sindical, que lleva a un sindicalismo débil y fragmentado, permite que relaciones laborales que deberían ser por tiempo indefinido, por responder a necesidades empresariales permanentes, terminan disfrazadas como relaciones por plazo determinado, o como contratos de naturaleza civil, o como relaciones cooperativas, todas claras situaciones de burdo fraude laboral.

Es lógico que en este escenario, con una fuerza laboral temerosa de perder su puesto de trabajo, la discriminación, el abuso y la prepotencia patronal sean una consecuencia natural. El contrato de trabajo es, de por sí, una relación de poder; poder que se descontrola cuando no hay libertad sindical, como en el caso de Colombia. La debilidad del movimiento obrero en este país no es una casualidad, ni un hecho inevitable de la naturaleza. El Tribunal tiene por demostrado que hay un plan para que en Colombia exista una mano de obra dócil y barata. Y para ello es necesario que el sindicalismo no sea un obstáculo. El procedimiento seguido para alcanzar este objetivo ha quedado a la vista en este expediente: la represión de la actividad sindical, la violencia extrema y la impunidad, dignas de los albores del siglo XIX y no de una sociedad democrática y moderna.

En este marco de franca desprotección de la clase trabajadora colombiana y de extrema debilidad del sindicalismo, no debería extrañar que el índice de siniestralidad laboral sea elevadísimo, lo que se ha podido comprobar a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales confiables. Las condiciones de trabajo de un importante sector de trabajadores, son deplorables.

Tales condiciones llevan a que un reducido número de trabajadores alcance los servicios de la seguridad social, desprotegiendo a la mayoría.

La protección de la vida y la salud del trabajador, que son su único patrimonio, es considerado un costo laboral, que no todos los empleadores están dispuestos a pagar. A ello se suma la ineficacia de los organismos estatales, que deberían controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.

El Tribunal se hace cargo que el discurso oficial pretende, especialmente en los foros internacionales, alegar que Colombia es un país en el que actualmente se respetan los derechos de los trabajadores y la actividad sindical. Sin embargo, la mejor prueba de la falsedad de tales afirmaciones es la resolución adoptada por la Corte Constitucional de Colombia en el caso P 750/2011, en la que expresamente se declara “la actividad sindical en el país es de alto riesgo”.

VII.-NORMATIVIDAD REGRESIVA

1.    Aún está vigente el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo (CST) que prohíbe la huelga en una amplia gama de actividades económicas que no son servicios esenciales, pese a que los organismos de control de la OIT, especialmente el Comité de Libertad Sindical, en varias ocasiones ha recomendado reglamentar el derecho de huelga, conforme a los criterios de la propia OIT en materia de servicios esenciales.

2.    Las federaciones y confederaciones tienen prohibido declarar la huelga en el artículo 417 del CST.

3.    Frente a más de un millón de empresas y 19 millones de trabajadores y trabajadoras que hay en Colombia, la negociación colectiva
es prácticamente marginal.

4. La negociación colectiva cubre a menos del 2% de los trabajadores colombianos. Por la exclusión de un gran número de trabajadores de la aplicación del régimen laboral del Código Sustantivo del Trabajo, de los 19´138.000 trabajadores, solo al 30% se les aplica dicho Código, y sólo 124.200 trabajadores se benefician de algún tipo de acuerdo colectivo. Se aprecia una grave exclusión del derecho de negociación colectiva de los trabajadores con vínculo diferente al contrato de trabajo.  

5.    La Ley 1453 reformó el artículo 200 del Código Penal, condenando a quien perturbe reunión, asociación o huelga. Esta protección es insuficiente. Es una norma inane, a la fecha no se ha estrenado y no se conoce una sentencia que aplique esta disposición.

6.    El Estado colombiano expidió el Acto Legislativo No 01 de 2005, prohibiendo el tema de pensiones en la negociación colectiva.

7.    El Estado colombiano expidió el Decreto 535 de 2009, por medio del cual se reglamenta la concertación de las condiciones laborales de los empleados públicos, con lo cual se niega la negociación colectiva de dichos trabajadores. Pero aún con la “concertación”  se niega asuntos que excedan el campo laboral, tales como: la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, los procedimientos administrativos y el principio del mérito como presupuesto esencial de la carrera administrativa.

VIII- VIOLACIONES CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, AL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA, PERSECUCIÓN SINDICAL, CRIMINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD SINDICAL.

Para simplificar la lectura de la presente sentencia y atento a la significativa cantidad de casos que han sido presentados ante el Tribunal durante las audiencias de los días 23 y 24 de mayo de 2012 y los que han continuado llegando durante el desarrollo de las sesiones del Tribunal, el detalle de los mismos se contiene en el Anexo No. 1, que debe considerarse formando parte integrante de esta Resolución.

IX. En mérito  de todo lo expuesto y sobre la base de la prueba colectada,  EL TRIBUNAL MUNDIAL DE LIBERTAD SINDICAL,

RESUELVE:

1. Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.
2. Exhortar al Gobierno de la República de Colombia a que adopte todos los recaudos necesarios para garantizar en el país la Libertad Sindical, suprimiendo de inmediato todos los obstáculos y restricciones que han sido denunciados en esta causa.
3. Exigir al Gobierno de la República de Colombia que prohíba, cese y sancione con el rigor necesario, todos los comportamientos violentos, cualesquiera que sean sus autores, que afectan el libre ejercicio de la actividad sindical.
4. Dirigirse a cada una de las empresas e instituciones públicas involucradas en la denuncia recibida, para que cesen en sus actos y políticas antisindicales. En el caso de empresas multinacionales, el Tribunal se dirigirá a la casa matriz.
5. Poner en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo la presente sentencia. Designar a la Dra. Gladys Delgado de Rodríguez para realizar los trámites de notificación.
6. Comunicar a todo el movimiento obrero organizado, local e internacional, lo resuelto en esta causa.
7. Notificar esta sentencia a los organismos defensores de los Derechos Humanos, locales e internacionales.
8. Pasar a un cuarto intermedio, hasta la fecha y en el lugar que oportunamente se fijarán, para analizar la evolución de la situación de la Libertad Sindical en Colombia.

Más sobre la convocatoria del Tribunal Mundial Sindical y la demanda contra el Estado colombiano en el sitio de la Marcha Patriótica: http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=523:tribunal-mundial-de-libertad-sindical-colombia&catid=37:en-la-marcha&Itemid=94