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lunes, 4 de julio de 2011

Padre Giraldo: “El narcotráfico penetró las instituciones del estado colombiano: el poder ejecutivo, las fuerzas armadas, la policía"

Padre Giraldo: “El narcotráfico penetró las instituciones del estado colombiano: el poder ejecutivo, las fuerzas armadas, la policía"


Colombia: Padre Giraldo: "matanza permanente de campesinos y pobladores agenciada por el Batallón Palacé que es un batallón que domina esa región, asociado con dos narcotraficantes y paramilitares"
Video: TV3 / Transcripción: APCrítico
Genocidio que no cesa y Terrorismo de Estado en Colombia y el mundo mira para otro lado... urge la condena del gobierno colombiano

Padre Javier Giraldo: “El narcotráfico penetró las instituciones del estado colombiano: el poder ejecutivo, las fuerzas armadas, la policía”




La Televisión de Cataluña (España), hizo una interesante entrevista al sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno S.J., en la que este defensor de derechos humanos, comprometido con las víctimas y con la memoria del genocidio colombiano, expresa con claridad los vínculos entre el narcotráfico y el Estado colombiano, y denuncia el accionar paramilitar y militar contra la población civil.

Javier Giraldo:

“El narcotráfico ha penetrado muchísimo en la sociedad colombiana: en las instituciones, en el poder ejecutivo, en el parlamento, en las fuerzas armadas, en la policía, y realmente ganar unas elecciones en Colombia implica una inversión de dinero altísima que uno se imagina que sólo la puede suministrar el narcotráfico. El parlamento actual, y eso no lo digo yo, lo dice la misma corte Suprema de justicia, fue financiado por el narcotráfico. El poder judicial lo veo corrupto en el sentido de la impunidad: es decir en Colombia no se ve justicia por ninguna parte.

“Y por ejemplo todos estos procesos de masacres, de desapariciones forzadas que superan las 50.000 según la misma fiscalía, las ‘ejecuciones extrajudiciales’, los “falsos positivos” que son campesinos, pobladores, gente muy pobre que son capturados por militares o policías y que son presentados como si fueran ‘guerrilleros asesinados en combate’ y que se ha ido comprobando que no lo eran; que eran gente que fue engañada e invitada a aceptar un trabajo en alguna zona rural, y se lo llevaban a esa zona rural para matarlos. La fiscalía tiene en este momento abiertos 2.700 procesos contra militares y policías por estos “falsos positivos”; pero de esos, yo creo que no hay 10 condenados, y las víctimas pasan de 3000.”

Las picas, las palas golpean la tierra, excavan profundo, exploran el suelo… hay manos que buscan los cuerpos perdidos, como agricultores buscan las raíces… raíces de vida, cuerpos mutilados…

Javier Giraldo:

“En un municipio que se llama Trujillo, en el sur-occidente del país, muy cerca de la ciudad de Cali, entre el año 1987 y el año 1994 se dio una matanza permanente de campesinos y pobladores agenciada por el Batallón Palacé que es un batallón que domina esa región, asociado con dos narcotraficantes que crearon dos grupos paramilitares en ese pueblo y fueron asesinando gente que pertenecía las organizaciones campesinas: sumaron como 350 muertos en esos años, entre los muertos estuvo el párroco de la población, el padre Tiberio Fernández, su cadáver apareció en el río cauca, mutilado, sin cabeza, sin manos, sin pies; pero se pudo rescatar, sin embargo a un bombero que fue el que lo rescató también lo mataron por haber rescatado el cadáver. Y empezamos a investigar esa masacre, y eran tantas las víctimas que yo quedé aterrado y puse el caso en manos de la Procuraduría y del poder judicial en Colombia, que de una manera muy rápida absolvieron a todos los culpables, entonces yo llevé el caso ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión interamericana llegó a condenar al gobierno colombiano como culpable de toda esa masacre. Y la Comisión interamericana le pidió que repara a las víctimas, y a pesar e que el gobierno reconoció la culpabilidad, la reparación no se ha dado. 15 años después las víctimas no han sido reparadas.

Ha habido momentos en que una comisión de los obispos encargada de las relaciones obispo- religiosos, me han llamado como a pedirme cuenta de todas las denuncias que hago y del conflicto que he creado con los gobiernos y con los militares, pero después de que tenemos horas y horas de diálogo y de explicación han llegado a tolerarme, por lo menos. Yo creo que el silencio es lo que ha predominado en la iglesia colombiana: en la jerarquía digamos, porque también han asesinado a muchos sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos en las zonas rurales. Pero las jerarquías han guardado silencio, y sobretodo, lo más preocupante es que durante el gobierno de Uribe, que fue un gobierno de 8 años involucrado en muchísimos crímenes de lesa humanidad, la iglesia guardó mucho silencio y aún más: muchos obispos apoyaron el gobierno Uribe. Eso no quiere decir que sean todos los obispos, también hay un pequeño grupo de obispos que tomaron posición crítica frente a eso. Por eso hemos intentado otros caminos para hacer sentir la voz de los cristianos; que ha sido por ejemplo que en el año 88 creamos la comisión de Justicia y paz en la conferencia de religiosos y en esta comisión tratamos de abrir unos campos de trabajo y de acompañamiento a las víctimas… La denuncia, creamos el banco de datos de derechos humanos, una asistencia jurídica para las víctimas, una asistencia humanitaria para los desplazados y unos intentos de educación y concientización en el campo de los DDHH.

La comunidad que más acompaño en este momento es la comunidad de paz de San José de Apartadó es una comunidad que no se dejó desplazar: está en el norte occidente del país cerca de la frontera con Panamá. Es una comunidad de campesinos que siempre se resistió al desplazamiento y que ha tenido muchas víctimas: ya llevan 200 muertos en la comunidad; pero han resistido heroicamente y que han buscado no comprometerse con ningún actor armado.

Yo recuerdo el año 92 como un año muy duro, de muchas amenazas, el año 98 en que me obligaron a salir por un tiempo del país, el año 2006, y ahora el año pasado fue a través de graffitis en las paredes de Bogotá que había amenazas de muerte. Y no he vuelto a salir (del país); más bien he querido enfrentar a los mismos militares cuando se han repetido las amenazas.





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lunes, 8 de noviembre de 2010

VIDEO. Macarena: Tumbas, Mentiras y Saqueo. La mayor fosa común de Latinoamérica, con 2000 cadáveres, Colombia.

VIDEO. Macarena: Tumbas, Mentiras y Saqueo. La mayor fosa común de Latinoamérica, con 2000 cadáveres, Colombia


VIDEO Telesur, Botero/ Nota Agencia Pensamiento Crítico


Reportaje del director colombiano Jorge Enrique Botero acerca de la fosa común de la Macarena, con 2000 cadáveres, producto de las desapariciones forzadas perpetradas por la fuerza Omega del ejército colombiano y sus paramilitares. La fuera Omega es una 'fuerza estrella' del Plan Colombia, y actúa con asesoría USA. En el reportaje se muestra la violación sistemática de los Derechos Humanos cometida contra los campesinos del Bajo Ariari en los Llanos Orientales de Colombia.

Mientras los campesinos y habitantes de la zona reclaman a miles de desaparecidos, y tratan de recuperar los restos de sus seres queridos... mientras la población busca que se haga justicia, el gobierno, en boca del ministerio de defensa continúa pretendiendo negar la existencia de este drama.

Ya se han producido varias audiencias públicas en la Macarena; audiencias a familiares y testigos de las violaciones, torturas y asesinatos perpetrados por el ejército colombiano, la última en julio 2010, a la que asistieron europarlamentarios, la senadora Gloria Inés Ramírez, la senadora Piedad Córdoba, organizaciones de derechos humanos. En la Audiencia testimoniaron miles de campesinos: superando el miedo, salieron a denunciar de manera directa la fuerza pública.

Como testimonia un campesino cuya esposa fue violada, asesinada y desaparecida por el ejército:

“…tropas de la móvil 53, y la móvil12 del ejército, no me permitieron la entrada a mi casa cuando regresé a la tarde(…) y me dijeron que viniera dentro de 3 días a buscar a mi esposa(…) al día siguiente volví con unos vecinos y encontramos la casa semidestruida, impactos de bala(…) encontramos una gran huella de sangre al pie del fogón… mi esposa fue violada, abusada sexualmente”

O una madre cuyas 2 hijas fueron desaparecidas por la Herramienta paramilitar del estado: “ Yo vi que la echaron en un carrito verde, amarrada(…) y se la llevaron en una moto(…) ella cuando me vio me hacía así con sus manitas(señales)(…) hasta el día de hoy no ha aparecido… hace 7 años… me dicen que en la fosa está el cuerpo de una de ellas, de la más joven… pero no he podido(…)”

El Reportaje de Botero para Telesur, es un trabajo de investigación periodística con el cual se revela la existencia de una gigantesca fosa común, un cementerio clandestino a los pies de la base militar del poblado La Macarena, en el que están enterrados miles de jóvenes campesinos, que en su momento fueron presentados por el estado como "guerrilleros abatidos en combate"... cuando las familias denunciaban su desaparición a manos de la fuerza pública.. Se calcula que es la mayor fosa común del continente americano.

http://multimedia.telesurtv.net/20/10/2010/18617/macarena-tumbas-mentiras-y-saqueo/

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domingo, 31 de octubre de 2010

El Estado colombiano secuestra, viola y asesina a niños en Arauca


El Estado colombiano secuestra, viola y asesina a niños en Arauca


Mientras la comunidad internacional y los politólogos colombianos están encantadísimos con el “aire fresco” que supuestamente dizque se respira en la Casa de Nariño, ya que el presidente Santos ha prometido que su gobierno respetará los derechos humanos, el Estado colombiano secuestra, tortura y abusa sexualmente a niños en Arauca.



El día 14 de octubre, en el Municipio del Tame, Departamento de Arauca, tres niños, Jefferson Jhoan Torres Jaimes (de 6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (de 9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (de 14 años), fueron secuestrados en su finca por soldados de la Octava división del Ejército colombiano, mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Luego del plagio, los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron arrojados a una fosa común.

Hasta la fecha, se ha encontrado sangre en los morrales de siete de los sesenta soldados de esa unidad móvil, que se encuentran bajo investigación. O sea, estamos hablando de un crímen monstruoso, premeditado, organizado por estas bestias uniformadas que se creen omnipotentes gracias la política belicista del gobierno colombiano, alimentado generosamente por los dólares de Estados Unidos y con asistencia de Israel y de la Unión Europea entre otros. Bestias que arrebatan a un padre lo más precioso que tiene, sus hijos, para darse ellos unos cuantos minutos de sádico y enfermo placer. Hay que ser claros: estos crímenes ocurren en el contexto de una política de guerra sucia, en la cual el Estado colombiano ha dado rienda suelta a toda clase de atrocidades para lograr “éxitos militares” y ha naturalizado así toda clase de agresiones contra el pueblo.

Crímenes como este, por lo demás, no son excepcionales. En la misma zona, los vecinos denuncian que el día 2 de octubre, una niña de 13 años fue secuestrada por militares y luego abusada sexualmente. Podrá decirse en este caso la menor no fue asesinada, pero con la violación siempre se mata una parte de la humanidad de un ser humano, esa niña puede decirse que también ha sido asesinada pues jamás volverá a ser la misma. Donde quiera que se asienten las tropas del Ejército en las comunidades, se han registrado casos de violencia sexual, muchas veces contra menores de edad, de manera sistemática y generalizada. Estos casos son invisibilizados, en parte por el temor a la represalia o a la estigmatización social en caso de denuncia, en parte por una estrategia deliberada de silenciar la realidad del conflicto. Pero ahí está la realidad del conflicto colombiano, donde el Estado, pese a intentar presentarse como un actor neutral, como una “democracia asediada” por “violentos”, juega un rol fundamental y es el actor principal de la guerra sucia, sea mediante sus agente directos (fuerza pública) o mediante sus agentes indirectos (paramilitares). Dentro de esa guerra sucia, la violación es un arma de guerra más. También lo es el asesinato de menores.

¿Cómo olvidar el horror de San José de Apartadó, cuando en febrero de 2005 los paramilitares, con plena complicidad del Ejército Nacional (Brigada XVII), esos “héroes” exaltados día y noche por los violentólogos en los estudios televisivos, asesinaron a sangre fría a tres niños de 21 meses, 5 y 11 años, respectivamente?

¿Cómo olvidar masacres como El Salado, Mapiripán, Trujillo, entre cientos de otras masacres, donde el Ejército y los paramilitares actuaron de la mano, y en las cuales cuales miles de personas fueron asesinadas y violadas, entre ellas varios menores de edad?

¿Cómo olvidar los cientos de fosas comunes que aparecen día a día con menos de edad e incluso bebés, mutilados por machetes?

¿Cómo olvidar a los cerca de 3.000 “falsos positivos", jóvenes que han sido secuestrados y asesinados a sangre fría por el Ejército, para luego ser presentados como guerrilleros abatidos en combate, y así recibir prebendas y promociones?



Como gran cosa, el gobierno dice, por boca del Ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, que este crímen de lesa humanidad no será juzgado en cortes marciales sino civiles, porque “estos hechos no se pueden considerar actos del servicio y el conocimiento y la investigación de los mismos debe ser adelantada por la justicia ordinaria”… ¡hombre, qué alivio! Entonces el caso queda, en última instancia, en manos del Fiscal General Guillermo Mendoza y del Procurador Ordoñez, jueces de bolsillo del régimen que no han hecho nada sustantivo por los casos de los falsos positivos y que han garantizado el continuismo de la impunidad que, tras décadas de terrorismo de Estado, recubre al 98% de los crímenes graves contra los derechos humanos. El Procurador Ordoñez, el mismo que, sin ninguna prueba, ha destituído e inhabilitado a Piedad Córdoba, una de las pocas parlamentarias que aún se atrevían a salirle al paso a la política guerrerista del gobierno, mientras que absuelve o pide absolución para reconocidos parapolíticos como Ciro Ramírez, Alvaro Araújo, Mauricio Pimiento, o a connotados violadores de derechos humanos como el Coronel (R) Plazas Vega. 



Por su parte, en una declaración completamente orwelliana, el vice-presidente Angelino Garzón ha declarado que si "están involucrados militares (...) lo que han hecho es una ofensa al Estado colombiano". O sea, lo más grave no es el asesinato, la violación, el secuestro, la desaparición, sino que el daño a (lo poco que queda de) presitigio del Estado colombiano. Lo único que importa es el Estado, que suplanta al ser humano, que está por encima de todo, que absorve y sofoca toda la vida social, que es ante el único que, a fin de cuentas, deberán rendir cuenta los militares.



Saldrán los de siempre, los rapsodistas del Estado terrorista, los encubridores de los crímenes perpetrados por las obscuras fuerzas del control social mediante la “estrategia de noche y niebla”, a decir que estos soldados son “manzanas podridas”, que no “representan los valores del Estado colombiano”. ¡Curiosamente, esta misma gente, cada vez que la insurgencia asesina a un civil, no se cuestionan si ese acto se ajustó a los valores o principios del movimiento guerrillero o si a lo mejor no son tal vez manzanas podridas en las filas rebeldes! Claro que no. En esos casos no hay espacio para la duda y se condena, sin más a la insurgencia. Pero cuando los actos terroristas son cometidos por el Estado, entonces ahí si se puede hacer toda clase de contorsiones argumentativas para justificar al Estado como una entidad inmaculada, más allá del bien y el mal, como una entidad metafísica definida por ciertos “valores” inherentes y no por su propia práctica.

Al Estado colombiano, a ningún Estado, no lo definen sus supuestos “valores” sino sus actos. Y acá hay que ser claros: el Estado colombiano es un Estado terrorista, que secuestra, desaparece, asesina, forma escuadrones de la muerte, desplaza, fumiga (envenena), bombardea, amenaza, acosa, espía, organiza arrestos masivos (pescas milagrosas del Estado), tortura.

Los soldados de la Octava División en el Tame, actuaron como agentes del Estado, fueron representantes del Estado, al igual que miles de otros soldados que, representando al Estado, participan de la guerra sucia y de toda clase de abusos sistemáticos contra la población civil. Estos soldaditos no son casos excepcionales, sino que la materialización, en carne y hueso, de una política contrainsurgente que ha naturalizado toda clase de violencia contra las personas. Esa es la cara del Estado que en amplias regiones rurales de Colombia se enfrenta día a día. Los soldados de Tame son el Estado colombiano.

El monstruoso crímen de Tame nos horroriza, pero sabemos que del Estado colombiano se puede esperar de todo, aún lo inimaginablemente espantoso, como lo ha demostrado lo poco que se sabe gracias a las versiones libres de los jefes paramilitares. 



Que lo sepan muy bien todos aquellos que andan con los cuentos chinos del “aire fresquitico”, con eso de que este gobierno “respeta los derechos humanos”. Que lo sepan muy bien: el Estado colombiano secuestra, asesina y viola a niños. Mal rayo nos parta si algún día olvidamos este crímen.

José Antonio Gutiérrez D.

28 de Octubre, 2010


Ver reporte de Noticiero UNO: http://terratv.terra.com.co/Noticias/Noticias-Uno/5499-249359/Miembros-del-Ejercito-habrian-asesinado-a-3-ninos-en-Arauca.htm
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.