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domingo, 11 de diciembre de 2011

Violación, tortura y asesinato de niña indígena y 10 jóvenes por la herramienta paramilitar, complicidad policial.

"aberrante operación de estrategias paramilitares en el municipio de Puerto Caicedo y Puerto Asís con conocimiento y consentimiento de la policía de Putumayo, agentes de la SIJIN, en desarrollo de las fases de control social territorial en áreas que son parte de la implementación del Plan Colombia. (...) Nuestra Constancia Ética ante la evidente complicidad de la fuerza pública en el accionar paramilitar que nuevamente ha definido como blanco de sus actuaciones criminales a niñas y jóvenes, que están obligando a una nueva fase de desplazamiento forzado a otras regiones del país, oleada en la que se han producido por lo menos 10 asesinatos."


La Herramienta paramilitar asesina a jóvenes en Puerto Asís, además viola y asesina a niña indígena Sibundoy

Comisión Intereclesial Justicia y Paz informe diciembre/ contexto Apc 
INFORME PUTUMAYO
1. La herramienta paramilitar asesina a jóvenes en Caicedo y Puerto Asís, además viola y asesina a niña indígena Sibundoy
Sábado 3 de diciembre de 2011
Más de 10 jóvenes han sido asesinados en las últimas dos semanas por paramilitares en puerto Caicedo y Puerto Asís.
Paramilitares anunciaron a los pobladores que iban a "limpiar" lo barrios de los indeseable y la podredumbre. El 9 de noviembre fue secuestrada una niña indígena en Sibundoy, dos días después su cuerpo fue hallado sin vida, con signos de tortura y de haber sido accedida sexualmente, fue denunciado por los pobladores.
A mediados de mes, seis jóvenes fueron atacados con armas de fuego por paramilitares en Puerto Asís y cuatro más asesinados en Puerto Caicedo
En este municipio dos jóvenes indígenas fueron abordados por paramilitares, Jhon Ríos, fue asesinado, mientra David Trochez, logró salvarse.
Los paramilitares y agentes de la policía manifestaron a los pobladores que se habían equivocado, que él que debía ser asesinado era David.
De acuerdo con testigos la planeación de estos crímenes se realiza desde una hacienda ubicada a 5 minutos del fuerte militar que se encuentra en Santa Ana.
las autoridades no reaccionan y son cómplices, denuncian sus habitantes, "ellos son la ley no hay nada que hacer"
Bogotá, D.C
2 de diciembre 2011
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

CONTEXTO: 
¿Qué es el paramilitarismo?
El paramilitarismo es una herramienta del gran capital articulada desde el mismo estado colombiano, usada para eliminar a la oposición política, para cometer masacres abominables con la finalidad de callar reivindicaciones sociales y desplazar masivas cantidades de personas mediante la inyección de terror. Los desplazamientos masivos de personas son perpetrados para beneficio del gran capital nacional y transnacional que acapara las tierras despojadas a las comunidades campesinas; por ello las zonas más ricas y codiciadas sufren atroces masacres de la herramienta paramilitar en connivencia y coordinación con el ejército y la fuerza pública. Hoy en día este mecanismo de terror, desplazamiento y despojo para beneficio del gran capital es muy tangible en las zonas auríferas de Colombia, por ejemplo.
El accionar de la herramienta paramilitar es sembrar terror y sus métodos son de barbarie extrema; su función es eliminar la oposición política, eliminar la reivindicación social, desarticular los procesos organizativos populares, y aplicar un control social funcional a los intereses del gran capital. Es una creación de la oligarquía y del gran capital para contrarrestar los descontentos sociales y para perpetuar el despojo; no es, como busca incesantemente presentarla la propaganda mediática de sus mismos creadores, un “fenómeno de surgimiento espontáneo”; no, esa es la legitimación de un aparato genocida, una legitimación que buscan inyectar sus mismos creadores. Evidentemente el surgimiento no es “espontáneo” sino planificado y teorizado en las altas esferas del poder, un surgimiento, desarrollo y permanencia funcional al gran capital: no son “Autodefensas”,  como buscaron hacerlo creer mediante la propaganda de los mass-media y la nominación de varios grupos con nombres como  “Autodefensas Unidas de Colombia, AUC  ”; y tampoco son meras    “Bandas Criminales- BACRIM  ” como busca hacerlo creer la propaganda del régimen de Santos en la actualidad: no son ni      “autodefensas”      ni tampoco simples      “bandas criminales  ”: son  ejércitos de mercenarios que obedecen a sus creadores, y que permiten la acumulación de tierras y capital en pocas manos, con una definitiva e imprescindible articulación a la fuerza pública. Estas estructuras mercenarias que aplican el terror son adiestradas en el más rancio anti-comunismo y bendecidas por eclesiásticos funcionales al terror. El control social de ejerce en torno a valores fascistas en amplias regiones del país, para cortar de cuajo el surgimiento de la reivindicación social. La doble moral católica en la herramienta paramilitar alcanza su paroxismo: castigan a las mujeres por  ‘llevar faldas cortas’  o por 'sonreír demasiado'  pero en cambio no tienen ningún escrúpulo en violar mujeres y niñas como forma de inyectar el terror, llegando a tener los jefes paramilitares hasta 50 niñas menores de 15 años violadas y dispuestas en esclavitud sexual, como lo testimoniaron las víctimas del Jefe paramilitar alias  El Patrón  (1).
La herramienta paramilitar del gran capital se encuentra planteada en los manuales militares. Su articulación al estado se da como estrategia contra-insurgente y en el marco de la teoría militar del  “enemigo interno”      que concibe a la población como el "enemigo"      y busca "quitarle el agua al pez", en el entendido de que el  pez  es la insurgencia popular, y elagua  es el apoyo de la población civil a la insurgencia. Esta doctrina de  "quitarle el agua al pez"  es la que aplicaron los EEUU contra el pueblo de Vietnam y es la misma que sustenta el terrorismo de estado que se ha venido aplicando en países como Colombia o Guatemala, por citar solo dos casos. La doctrina del “enemigo interno” fue inculcada desde los formadores estadounidenses a las fuerzas militares colombianas que bajo estos lineamientos implementan la estrategia paramilitar para eliminar el apoyo popular a la insurgencia mediante la inyección de miedo, el desplazamiento poblacional, y el control social. Su financiación es dada por el gran capital, las multinacionales, terratenientes ganaderos, terratenientes del narcotráfico, y latifundio en general; aunado a lo anterior, del presupuesto de la fuerza pública y de los "apoyos" militares de EEUU reciben insumos de guerra y fondos, aunque obviamente esto último no debe constar en libros de cuentas, dado que la estrategia paramilitar del estado tiene como uno de sus principales objetivos poder ejercer masacres contra la población civil, a la vez que se aduce que  “no fue la fuerza pública, sino los paramilitares”  . Y bajo la modalidad de esa larga estafa el régimen continúa la práctica del exterminio contra el pueblo. Los documentos y testimonios de víctimas sobre la absoluta connivencia del paramilitarismo con la fuerza pública y las autoridades son más que abundantes. Pero la “democracia” colombiana con eje paramilitar sigue impune. 
3.  La perversión mediática de conjugar la barbarie al pasado cuando la herramienta paramilitar sigue impune y en funciones
Empiezan a surgir algunos materiales, bien sea testimonios, confesiones de paramilitares, reportajes, sobre la barbarie paramilitar: lamentablemente el tratamiento que dan los mass-media a estas necesarias informaciones sobre el grado de barbarie de la herramienta paramilitar lleva casi siempre un elemento perverso de desinformación y manipulación, que muchas veces hasta los medios alternativos repiten por inercia: los mass-media buscan presentar la barbarie conjugada al pasado, cuando la realidad es que el paramilitarismo sigue activo, y se ha acrecentado. Se ha establecido el lugar común que va en contra de la realidad objetiva de que:  “sí, los tiempos de Uribe eran muy malos, lo que pasó fue terrible”  ; y si bien  ‘los tiempos de Uribe’  fueron efectivamente atroces, y lo que pasó fue terrible, lo que hay que precisar es que esos ‘tiempos’ de barbarie  siguen vigentes, y la atrocidad sigue pasando  . Por lo tanto  hay una perversa estrategia mediática ante la imposibilidad de ocultar la magnitud del genocidio, que consiste en conjugar la realidad al pasado, mientras las masacres, barbarie y control social continúan en el presente  .
Es indispensable precisar la permanencia en la actualidad de la herramienta paramilitar como lo denuncian los hechos, las comunidades y las víctimas. El último informe del Indepaz, de noviembre 2011 arroja que los paramilitares operan e instauran el control social en 347 municipios, de 31 departamentos de Colombia, un territorio mayor al del año anterior.
Como bien lo expresa la investigadora Azalea Robles:
“Ahora al paramilitarismo ya no se le llama “paramilitarismo” en los mass-media: los tanques de propaganda buscan imponer un nombre eufemístico, en el país de los eufemismos: la herramienta paramilitar es bautizada con el nombre de BACRIM (bandas criminales), esto con la idea de reforzar el concepto de “bandas” que actuarían desordenadamente y de manera autónoma, por oposición a su realidad de ejército de mercenarios organizados bajo los lineamientos de adelantar una guerra sucia planificada contra la población, con el financiamiento del gran capital y la coordinación del ejército nacional, y todo según la doctrina del “enemigo interno”.
En Colombia la constante es el rebautizo, la pantomima, la máscara, el manoseo y la prostitución de la palabra paz… Y así como se le cambia de nombre a una herramienta del terror mientras sigue activa, de la misma manera buscan hacernos creer que “hay un aire nuevo con la nueva presidencia”, mientras siguen profundizando la entrega del país a multinacionales con las consecuencias de empobrecimiento y guerra sin fin que esto significa.”

NOTAS:
(1) 50 niñas violadas por paramilitar "El Patrón" y el Parque Tayrona:  Infancias molidas en grandes negocios



Violación, tortura y asesinato de niña indígena y 10 jóvenes por la herramienta paramilitar, complicidad policial.

por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

PUTUMAYO
Viernes 9 de diciembre de 2011
CONSTANCIA 09122011

Violación, tortura y asesinato de niña indígena Kamëntsä en el Valle de Sibundoy; persecución y asesinato por parte de paramilitares a jóvenes en Puerto Caicedo y Puerto Asís


Cuando los poderosos (Herodes) se enteraron que lo habían burlado de su poder, este se enfureció terriblemente y envió a sus soldados a matar a todos los niños, a fin de eliminar entre ellos a Jesús.  (Mt 2,1-18).
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la aberrante operación de estrategias paramilitares en el municipio de Puerto Caicedo y Puerto Asís con conocimiento y consentimiento de la policía de Putumayo, agentes de la SIJIN, en desarrollo de las fases de control social territorial en áreas que son parte de la implementación del Plan Colombia.
Los atentados a niñas y niños, jóvenes de estos municipios se planifican desde una propiedad ubicada a pocos minutos de una de las sedes militares con mayor apoyo financiero y logístico, y han ocurrido con un efecto de terror sobre las familias, los habitantes de los barrios que ha generado el silenciamiento, la huida y el desplazamiento. Las operaciones represivas de tipo clandestino se desarrollan en una fase de la estrategia paramilitar de control social que pretende posicionar como los guardianes de la “buena moral” y de las “buenas costumbres”, y con las que se pretende confundir a la población y aleccionar moralmente.
Las mismas estructuras armadas controlan la vida social y el tráfico de sustancias alucinógenas y psicotrópicas que se consumen en estas localidades, controlan los sitios de expendio y definen los lugares de consumo. Al mismo tiempo, son los que definen el mercado sexual, en el que involucran niñas y jóvenes, bajo la modalidad de pre pagos, las que ofrecen a adultos que integran sectores de poder en todos los ámbitos en el departamento Ante ustedes nuestra fundamentación fáctica en medio de un ambiente de terror, de silencio, de absoluta desconfianza ante las instancias que deben proveer garantías para la vida y la justicia
*Miércoles 9 de noviembre, HORA EN Q SOLIA LLEGAR A SU CASA en hora de la tarde, familiares de PAOLA ACOSTA JAMIOY, indígena Kamëntsä de la comunidad de Sotanjoy, de 12 años, se preocuparon porque extrañamente, ella no arribó a la casa como era su costumbre. De acuerdo con testigos, la estudiante de la Escuela Fray Bartolomé en Sibundoy, bajó del bus de transporte escolar en la carretera que conduce a las veredas Machindinoy y Sotanjoy desde el cuál caminaba habitualmente a su comunidad. Todas estas comunidades hacen parte del resguardo de Sibundoy.
Hacia las 4:00 p.m. se inició su búsqueda.
*Jueves 10 de noviembre, en horas de la mañana el cuerpo sin vida de la niña indígena PAOLA ACOSTA JAMIOY, fue hallada dentro de una plantación de fríjoles, cerca del camino hacia su comunidad. De acuerdo con testigos presentaban signos de haber sido abusada sexualmente, torturada, sus manos estaban atadas con alambre de púa, y ahorcada con un bejuco.
*Viernes 11 de noviembre  a las 11:00 a.m. en medio de una expresión ciudadana de rechazo a esta multiplicidad de crímenes en una niña indígena, se conoció que los paramilitares habían anunciado días atrás operaciones de asesinatos contra niños y jóvenes hombres y mujeres, a quienes consideran “desechables” o de “conductas reprochables” y que deben ser eliminados En la segunda semana de noviembre diversas fuentes señalaron que cuatro jóvenes fueron asesinados por paramilitares en Puerto Caicedo. De acuerdo con los familiares de las víctimas, los paramilitares han manifestado que tienen una lista con el nombre de jóvenes que deben ser asesinados en Puerto Caicedo, ya que están “limpiando” de delincuentes y drogadictos.
*Martes 15 de noviembre  hacia las 11:00 p.m. integrantes de grupos paramilitares en el barrio Acevedo de Puerto Asís, dispararon indiscriminadamente con seis jóvenes, que quedaron gravemente heridos.
Las víctimas fueron JARRISON OSORIO, de 16 años de edad; GERALDINE PENAGOS, de 16 años; CAMILO VALLEJO, de 13 años de edad; RICHARD ORLANDO ROJAS, de 17 años de edad; JULIÁN PIEDRAHITA, de 17 años de edad; JESICA ALEXANDRA REYES, de 17 años de edad.
*Jueves 17 de noviembre  hacia las 12:00 p.m. paramilitares asesinaron a dos jóvenes, entre ellos un indígena del Pueblo Nasa, en el río San Juan Vides, en el municipio de Puerto Caicedo. Los paramilitares dispararon en tres ocasiones contra JHON ALEXANDER RÍOS TROCHEZ, de 14 años de edad, de la comunidad Tata Wala y en 14 ocasiones contra FERNANDO RAMÍREZ en su cabeza.
Días después, los paramilitares hicieron conocer a través de interpuestas personas que el asesinato de JHON ALEXANDER fue un error, pues debían haber matado su primo DAVID ALAIN TROCHEZ QUITUMBO, de 15 años. Agregaron que si lo encontraban lo harían “picadillo”
*Viernes 18 de noviembre  hacia las 9:30 p.m. la Gobernadora del Cabildo indígena ante las amenazas de muerte contra DAVID, en compañía de un sacerdote, se dirigió hacia la Estación de Policía para pedir protección del niño. El comandante respondió afirmado que a quién iban a proteger - si a él, ya lo mataron-.
De acuerdo con testigos, agentes de la SIJIN manifestaron a la familia que: “La muerte no era para JOHN, si no para DAVID”. Agregaron que les iban a dar a todos los que consumieras marihuana. Un integrante de la SIJIN, ante la noticia de que David no había sido asesinado exclamó con extrañeza: “¿Cómo que no está muerto? En horas de la noche, la casa cabildo y lugar de habitación de DAVID, se encontraba rodeada por sujetos desconocidos..
Hacia las 10:00 p.m., mientras el niño, junto con su acompañante, era entrevistado por una funcionaria de la Comisaría de Familia, dentro de las instalaciones de la Estación de Policía, llegaron los dos paramilitares que DAVID, observó que asesinaron a los dos jóvenes. Inmediatamente un funcionario de la SIJIN apagó las luces del lugar en donde se hallaban, la funcionaria les indicó que se tiraran al piso y permanecieran allí sentados.
Durante varios minutos, los dos sujetos estuvieron dialogando con funcionarios de la SIJIN; luego se marcharon. Uno de los miembros de la SIJIN ingresó al lugar en donde se hallaba DAVID, sosteniendo que los habían capturado alrededor del cabildo. El agente le mostró fotos a DAVID, preguntando, si eran los sujetos que él había visto.
*Domingo 20 de noviembre  a las 3:00 p.m. agentes de la SIJIN llegaron hasta la casa de un familiar de DAVID preguntando por su ubicación. Ante el riesgo inminente contra la vida de este niño este se desplazó forzadamente de la región.
*Domingo 20 de noviembre, a las 6:00 a.m. en Sibundoy , fue hallado el cuerpo sin vida del indígena Kamëntsä, HIGIDIO MUCHAVISOY, de 20 años de edad, padre de dos niños.
*  Lunes 5 de diciembre  en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá recibió de un testigo, que exigió absoluta reserva de su nombre, acerca de las operaciones paramilitares contra los jóvenes. De acuerdo con esta fuente, los paramilitares están al mando de un alias Matasiete. Se centro de operaciones, de planeación, de protección y de bodega de algunos armamentos es la hacienda Neverland, ubicada en la vía Puerto Caicedo – Puerto Asís, a 5 minutos de la Base Militar de Santa Ana.
Nuestra Constancia Ética ante la evidente complicidad de la fuerza pública en el accionar paramilitar que nuevamente ha definido como blanco de sus actuaciones criminales a niñas y jóvenes, que están obligando a una nueva fase de desplazamiento forzado a otras regiones del país, oleada en la que se han producido por lo menos 10 asesinatos.
Nuestra Constancia Ética ante estos crímenes, amenazas, violaciones que suceden a manos de grupos de la estrategia paramilitar que continúan operando a plena luz del día, vestidos de civil, con armas cortas y que se cruzan en frente de todas las autoridades, ante la mirada silenciada por el terror de la población, que continúa siendo víctimas de sus operaciones psicológicas, de presión, de hostigamiento y de la comisión de daños irreparables a la vida e integridad de niñas, niños, y jóvenes que son parte de las víctimas inocentes, habitantes de sectores marginales, excluidos de un sistema económico estructuralmente injusto.
¿Cómo puede esto seguir ocurriendo cuando institucionalmente se afirma que el paramilitarismo no existe? Es evidente que son cotidianas las operaciones policiales y militares, los retenes y requisas de pasajeros y vehículos dentro y fuera de Puerto Caicedo y Puerto Asís, en una región con tres batallones del ejército nacional, y dos estaciones de Policía Nacional y una de Policía de Carabineros, así como unidades de la Fiscalía, SIJIN ( Seccional de Investigación Judicial), y DIJIN (Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia)? Ante estos graves crímenes, nuestra Constancia y Censura Ética, pues algunos de estos daños irreparables a la vida e integridad de los habitantes de Putumayo, del Pueblo Nasa y Pueblo Kamëntsä se atribuyen a estructuras paramilitares, que a pesar de la desmovilización se encuentran vigentes, con nuevas modalidades de actuación.
Estos crímenes resultan dolorosos no solo para las comunidades sino para la humanidad, que nuevamente constata que los crímenes encubiertos o bajo ropajes clandestinos, continúan produciéndose en medio de la altísima militarización y presencia policial en Putumayo. La ausencia de una auténtica desmovilización paramilitar, la reingeniería de esta criminalidad queda en evidencia. Los resultados de enfrentamiento a lo paramilitar son formales, no reales, la imagen de restitución del Estado de Derecho, es verbal y de papel para los habitantes urbanos y rurales, que ven como sus hijos son asesinados u obligados al exilio.
Estos atentados y asesinatos, las amenazas y el cinismo de la actuación institucional evidencian la gravedad de lo que sucede en Putumayo.
No podemos esperar que nuestra Censura Ética evite la repetición de nuevos crímenes contra jóvenes, niños y niñas. Solamente esperamos, que la solidaridad internacional tal vez, lleva que las formas institucionales, alguna vez actúen a favor de la vida y de la justicia. Los hechos similares de los que hemos dejados Constancia en 2008 y 2009, solo han sido papeles que pasan de una oficina a otra, todo es absoluta impunidad.
Por eso tal vez, estas muertes injustas, estas muertes sean para la comunidad internacional y la solidaridad internacional un llamado para que cese una ayuda militar y policial, que solo está posibilitando la toma de la criminalidad del Estado formal de derecho en el Putumayo. Pues los niños y los jóvenes las futuras generaciones no pueden seguir heredando la impunidad, el silencio, el olvido y el exilio como su única posibilidad de existencia en el país Con profunda preocupación.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

lunes, 5 de diciembre de 2011

Reclusas denuncian violación sexual por parte de guardianes en las cárceles colombianas

Reclusas denuncian violación sexual por parte de guardianes en las cárceles colombianas

NoticiasUNO VIDEO

Una reclusa que padece de leucemia fue abusada por los guardianes de la cárcel de Valledupar... Según denunció los guardianes estarían abusando de otras reclusas...
El INPEC ordenó una investigación al respecto, pero no la ha traslado a ella, de tal manera que sigue custodiada por los guardias denunciados.
Ana Catalina Alvarez está recluida en la cárcel Judicial de Valledupar desde hace un año por un problema con el seguro de un carro. Pero además de estar en prisión se ha complicado su condición de paciente de leucemia. Como si fuera poco ahora se le suma el abuso sexual cometido por los guardias del INPEC…
“Yo hice la denuncia de la manipulación de algunos guardianes que cambiaron beneficios a cambio de tener sexo con las internas. A mi me quitaron el celular y una sim card, y un guardián me ofrece cambiar la sanción por  sexo”, relató la reclusa.
Ana Catalina asegura que los guardias aprovechaban la noche para sacar a las mujeres del penal y abusar de ellas…
“Vienen a sacar a las mujeres y a tener relaciones sexuales y está mal porque es un abuso de autoridad porque ellos son los que tienen las llaves… ellos nos sacan... es irregular que un dragoneante saque a una interna en la noche”, dijo Ana Catalina.
Cuatro uniformados son investigados por inducir a las detenidas a prostituirse…
“Yo dije que era violación… y que a mí por adulta no me podía violar, pero es que hay muchas forma de hacerlo; y después de eso siguió el acoso, la burla y después denuncie otro intendente que se metió al cuarto porque según él ya lo había hecho con otro guardián”
El INPEC divulgó un comunicado de prensa dice que se ordena abrir investigación disciplinaria y compulsar copias a la Fiscalía para que investigue estos hechos…
Ana Catalina está solicitando que la trasladen de reclusorio por las presiones contra ella que de los guardias del INPEC que le reclaman por haber denunciado a sus compañeros…










La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio
Para conocer más sobre la situación de feminicidio y violaciones sexuales en Colombia:
Un extracto: 
"(...) Hay un  sistematismo  de las violaciones de DDHH de las mujeres por parte de la fuerza pública y del paramilitarismo: los porcentajes que les corresponden son altísimos, y no reflejan sino una pálida parte de la realidad dado que denunciar a la fuerza pública es un verdadero acto heroico en razón de los riesgos de muerte para los denunciantes al enfrentar el engranaje de todo un estado abocado a la impunidad. Tras cada denuncia de violación se esconden las que nunca serán denunciadas por miedo, y la renuencia a denunciar se agrava cuando los victimarios son fuerza pública: denunciar a la fuerza pública tiene el agravante de que la víctima denunciante tiene que remitir su denuncia a las entidades estatales, parte del mismo estado que la fuerza pública. Lamentablemente, en la casi totalidad de los casos, las denuncias efectuadas quedan en la impunidad, y varias denunciantes sufren asesinatos: hay un aparato estatal y para-estatal de impunidad, y no escatima en eliminar testigos y denunciantes.

La privatización y precarización del sistema educativo y la desvalorización de la mujer promovida por los medios masivos de comunicación a la par que exaltan los valores machistas, abonan el terreno para el maltrato. La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio.  “Las estadísticas tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías”  (4).  " 

domingo, 31 de octubre de 2010

El Estado colombiano secuestra, viola y asesina a niños en Arauca


El Estado colombiano secuestra, viola y asesina a niños en Arauca


Mientras la comunidad internacional y los politólogos colombianos están encantadísimos con el “aire fresco” que supuestamente dizque se respira en la Casa de Nariño, ya que el presidente Santos ha prometido que su gobierno respetará los derechos humanos, el Estado colombiano secuestra, tortura y abusa sexualmente a niños en Arauca.



El día 14 de octubre, en el Municipio del Tame, Departamento de Arauca, tres niños, Jefferson Jhoan Torres Jaimes (de 6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (de 9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (de 14 años), fueron secuestrados en su finca por soldados de la Octava división del Ejército colombiano, mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Luego del plagio, los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron arrojados a una fosa común.

Hasta la fecha, se ha encontrado sangre en los morrales de siete de los sesenta soldados de esa unidad móvil, que se encuentran bajo investigación. O sea, estamos hablando de un crímen monstruoso, premeditado, organizado por estas bestias uniformadas que se creen omnipotentes gracias la política belicista del gobierno colombiano, alimentado generosamente por los dólares de Estados Unidos y con asistencia de Israel y de la Unión Europea entre otros. Bestias que arrebatan a un padre lo más precioso que tiene, sus hijos, para darse ellos unos cuantos minutos de sádico y enfermo placer. Hay que ser claros: estos crímenes ocurren en el contexto de una política de guerra sucia, en la cual el Estado colombiano ha dado rienda suelta a toda clase de atrocidades para lograr “éxitos militares” y ha naturalizado así toda clase de agresiones contra el pueblo.

Crímenes como este, por lo demás, no son excepcionales. En la misma zona, los vecinos denuncian que el día 2 de octubre, una niña de 13 años fue secuestrada por militares y luego abusada sexualmente. Podrá decirse en este caso la menor no fue asesinada, pero con la violación siempre se mata una parte de la humanidad de un ser humano, esa niña puede decirse que también ha sido asesinada pues jamás volverá a ser la misma. Donde quiera que se asienten las tropas del Ejército en las comunidades, se han registrado casos de violencia sexual, muchas veces contra menores de edad, de manera sistemática y generalizada. Estos casos son invisibilizados, en parte por el temor a la represalia o a la estigmatización social en caso de denuncia, en parte por una estrategia deliberada de silenciar la realidad del conflicto. Pero ahí está la realidad del conflicto colombiano, donde el Estado, pese a intentar presentarse como un actor neutral, como una “democracia asediada” por “violentos”, juega un rol fundamental y es el actor principal de la guerra sucia, sea mediante sus agente directos (fuerza pública) o mediante sus agentes indirectos (paramilitares). Dentro de esa guerra sucia, la violación es un arma de guerra más. También lo es el asesinato de menores.

¿Cómo olvidar el horror de San José de Apartadó, cuando en febrero de 2005 los paramilitares, con plena complicidad del Ejército Nacional (Brigada XVII), esos “héroes” exaltados día y noche por los violentólogos en los estudios televisivos, asesinaron a sangre fría a tres niños de 21 meses, 5 y 11 años, respectivamente?

¿Cómo olvidar masacres como El Salado, Mapiripán, Trujillo, entre cientos de otras masacres, donde el Ejército y los paramilitares actuaron de la mano, y en las cuales cuales miles de personas fueron asesinadas y violadas, entre ellas varios menores de edad?

¿Cómo olvidar los cientos de fosas comunes que aparecen día a día con menos de edad e incluso bebés, mutilados por machetes?

¿Cómo olvidar a los cerca de 3.000 “falsos positivos", jóvenes que han sido secuestrados y asesinados a sangre fría por el Ejército, para luego ser presentados como guerrilleros abatidos en combate, y así recibir prebendas y promociones?



Como gran cosa, el gobierno dice, por boca del Ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, que este crímen de lesa humanidad no será juzgado en cortes marciales sino civiles, porque “estos hechos no se pueden considerar actos del servicio y el conocimiento y la investigación de los mismos debe ser adelantada por la justicia ordinaria”… ¡hombre, qué alivio! Entonces el caso queda, en última instancia, en manos del Fiscal General Guillermo Mendoza y del Procurador Ordoñez, jueces de bolsillo del régimen que no han hecho nada sustantivo por los casos de los falsos positivos y que han garantizado el continuismo de la impunidad que, tras décadas de terrorismo de Estado, recubre al 98% de los crímenes graves contra los derechos humanos. El Procurador Ordoñez, el mismo que, sin ninguna prueba, ha destituído e inhabilitado a Piedad Córdoba, una de las pocas parlamentarias que aún se atrevían a salirle al paso a la política guerrerista del gobierno, mientras que absuelve o pide absolución para reconocidos parapolíticos como Ciro Ramírez, Alvaro Araújo, Mauricio Pimiento, o a connotados violadores de derechos humanos como el Coronel (R) Plazas Vega. 



Por su parte, en una declaración completamente orwelliana, el vice-presidente Angelino Garzón ha declarado que si "están involucrados militares (...) lo que han hecho es una ofensa al Estado colombiano". O sea, lo más grave no es el asesinato, la violación, el secuestro, la desaparición, sino que el daño a (lo poco que queda de) presitigio del Estado colombiano. Lo único que importa es el Estado, que suplanta al ser humano, que está por encima de todo, que absorve y sofoca toda la vida social, que es ante el único que, a fin de cuentas, deberán rendir cuenta los militares.



Saldrán los de siempre, los rapsodistas del Estado terrorista, los encubridores de los crímenes perpetrados por las obscuras fuerzas del control social mediante la “estrategia de noche y niebla”, a decir que estos soldados son “manzanas podridas”, que no “representan los valores del Estado colombiano”. ¡Curiosamente, esta misma gente, cada vez que la insurgencia asesina a un civil, no se cuestionan si ese acto se ajustó a los valores o principios del movimiento guerrillero o si a lo mejor no son tal vez manzanas podridas en las filas rebeldes! Claro que no. En esos casos no hay espacio para la duda y se condena, sin más a la insurgencia. Pero cuando los actos terroristas son cometidos por el Estado, entonces ahí si se puede hacer toda clase de contorsiones argumentativas para justificar al Estado como una entidad inmaculada, más allá del bien y el mal, como una entidad metafísica definida por ciertos “valores” inherentes y no por su propia práctica.

Al Estado colombiano, a ningún Estado, no lo definen sus supuestos “valores” sino sus actos. Y acá hay que ser claros: el Estado colombiano es un Estado terrorista, que secuestra, desaparece, asesina, forma escuadrones de la muerte, desplaza, fumiga (envenena), bombardea, amenaza, acosa, espía, organiza arrestos masivos (pescas milagrosas del Estado), tortura.

Los soldados de la Octava División en el Tame, actuaron como agentes del Estado, fueron representantes del Estado, al igual que miles de otros soldados que, representando al Estado, participan de la guerra sucia y de toda clase de abusos sistemáticos contra la población civil. Estos soldaditos no son casos excepcionales, sino que la materialización, en carne y hueso, de una política contrainsurgente que ha naturalizado toda clase de violencia contra las personas. Esa es la cara del Estado que en amplias regiones rurales de Colombia se enfrenta día a día. Los soldados de Tame son el Estado colombiano.

El monstruoso crímen de Tame nos horroriza, pero sabemos que del Estado colombiano se puede esperar de todo, aún lo inimaginablemente espantoso, como lo ha demostrado lo poco que se sabe gracias a las versiones libres de los jefes paramilitares. 



Que lo sepan muy bien todos aquellos que andan con los cuentos chinos del “aire fresquitico”, con eso de que este gobierno “respeta los derechos humanos”. Que lo sepan muy bien: el Estado colombiano secuestra, asesina y viola a niños. Mal rayo nos parta si algún día olvidamos este crímen.

José Antonio Gutiérrez D.

28 de Octubre, 2010


Ver reporte de Noticiero UNO: http://terratv.terra.com.co/Noticias/Noticias-Uno/5499-249359/Miembros-del-Ejercito-habrian-asesinado-a-3-ninos-en-Arauca.htm
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.