miércoles, 30 de marzo de 2011

Falsas desmovilizaciones: Hasta los mototaxistas y empleadas domésticas fueron presentados como "paramilitares desmovilizados"

(Fte: Noticias UNO) Al menos cinco desmovilizaciones habrían sido montajes

Hasta los mototaxistas y empleadas domésticas fueron presentados como "paramilitares desmovilizados"
Falsas desmovilizaciones fueron urdidas entre narcotraficantes y el Gobierno

Video: Noticias UNO / Nota: APC

El Estado colombiano ha inventado el cuento de las "desmovilizaciones" paramilitares para engañar y seguir masacrando. Esa es la famosa desmovilización de paramilitares que aduce el gobierno colombiano: todo falso. Montajes pagados con dinero público, todo para lavar la imagen del gobierno en una gran operación mediática tendente a mostrar que "ya no hay paramilitares en Colombia", cuando en el 2011 estos siguen masacrando a diario: basta leer las denuncias de las comunidades para constatar que las masacres se han incrementado, en un 40% según revela un informe de 2011.

Alias “El Alemán” dijo que la “falsa desmovilización” fue organizada por el gobierno y los narcotraficantes, entre ellos Diego Murillo, alias Don Berna, para “legalizar” a varias personas requeridas por la justicia y para “mostrar resultados” de desmovilización.

El jefe paramilitar alias El Tuso dijo que fue montaje el desarme de los 2033 paramilitares del bloque Cacique Nutibara, cuya desmovilización, según alias “el Alemán”, fue una farsa. Y: “El Bloque Héroes de Granada, ni pa’ qué le cuento, todos los jíbaros y ladrones del centro los recogieron para desmovilizarlos” denunció 'el Tuso'.

El Estado colombiano ha inventado el cuento de las "desmovilizaciones" paramilitares para engañar y seguir masacrando. Esa es la famosa desmovilización de paramilitares que aduce el gobierno colombiano: todo falso. Montajes pagados con dinero público, todo para lavar la imagen del gobierno en una gran operación mediática tendiente a mostrar que "ya no hay paramilitares en Colombia", cuando en el 2011 estos siguen mascarando a diario: basta leer las denuncias de las comunidades para constatar que las masacres se han incrementado, en un 40% según revela un informe de 2011.

El paramilitarismo es la herramienta del Estado y las multinacionales para desplazar poblaciones y callar la reivindicación social.

Mentiras, montajes y genocidio en 4 actos: el Hollywood sangriento del Estado colombiano

1. Primero se supo que el estado había pagado a indigentes, reclutados por paramilitares y narcotraficantes, los había entrenado un mes, y los había mostrado como "un bloque de las FARC que se desmoviliza", era el cuento del inventado "Bloque Cacique Gaitana" que supuestamente había entregado un avión. Las FARC desmintieron: nunca había existido un bloque con ese nombre, no hay tal desmovilización, ni tal avión. Pero la propaganda estatal hizo su show, y los 66 actores indigentes disfrazados de guerrilleros le dijeron al mundo"lo horrible que es estar en las FARC" y que por eso se desmovilizaban.

2. Segundo fue el jefe paramilitar alias 'el Alemán' que empezó a contar lo de las falsas desmovilizaciones paramilitares: ¡los miles de paramilitares que había supuestamente desmovilizado el gobierno colombiano, ¡no eran tales!

Alias “El Alemán” dijo que la “falsa desmovilización” fue organizada por el gobierno y los narcotraficantes, entre los cuáles Diego Murillo, alias Don Berna , para “legalizar” a varias personas requeridas por la justicia y para “mostrar resultados” de desmovilización. Según el gobierno colombiano casi 32 mil paramilitares se desmovilizaron. Sin embargo “El Alemán” señaló que el gobierno debe explicar por qué se afirma que casi 32 mil paramilitares se desmovilizaron si en total las AUC tenían alrededor de 16 mil integrantes. Rendón señaló que es imposible que la fuerza pública no supiera que en Medellín no existía ningún bloque llamado Cacique Nutibara, que fue un bloque inventado que fingió desmovilizarse en una ceremonia pública: eran 2.033 ‘falsos paramilitares’ (1)

Una vez más el Estado y los narcotraficantes, junto con los paramilitares, habían planificado la trampa: se trataba de fingir desmovilizaciones para hacer creer que hay un "post-conflicto" en Colombia, mientras la herramienta paramilitar sigue activa consolidando los intereses del gran capital, desplazando poblaciones de las zonas apetecidas por las multinacionales mineras, las del sector agro-industrial, y asesinando opositores, sindicalistas y estudiantes.

Otros jefes paramilitares se han sumado a la denuncia, incluído alias 'el Tuso', y el paramilitar Hernán Sierra alias "Alberto Guerrero", que han ventilado decenas de nombres de políticos, empresarios, narcotraficantes, todos "trabajando juntos" en las maniobras. El ex-Comisionado de Paz del gobierno colombiano habría sido uno de los artífices de las mentiras y montajes descomunales, según dicen los jefes paramilitares.

3.Y ahora más revelaciones: El Tuso en Audiencia habla de la falsa desmovilización paramilitar. Marzo 2011 viene cargado de revelaciones de mentiras del Estado colombiano: “hasta los mototaxistas fueron presentados como "paramilitares desmovilizados".

Hasta la imaginación de García Márquez se queda en nada frente a las mentiras del estado colombiano: sería jocoso si no fuera tan grave el genocidio que esto encubre....

4. El genocidio puede continuar. Ahora sólo falta dar una “explicación” de por qué continúan las masacres paramilitares: se dirá que ya no son paramilitares. Ahora la versión que se buscará imponer desde el estado y sus aparatos de propaganda, es que son “BACRIM” o bandas criminales. Todo ello con el fin de confundir y confundir: es que ya había demasiada conciencia de la relación de los paramilitares con la fuerza pública, ya el mundo los empezaba a relacionar mucho con lo que son: una herramienta estatal de despojo en beneficio del gran capital. Hacía falta renovar el maquillaje para perpetuar la impunidad estatal y continuar “abriendo el país” a multinacionales de la extracción y el agroindustrial. Es que al gran capital le viene bien tener una herramienta para callar a los que se oponen al saqueo y su empobrecimiento correlativo; y para desplazar poblaciones de zonas de alto interés económico.

Colombia es un país en el que la guerra sucia ejercida por el ejército oficial y su herramienta paramilitar directamente contra la población civil ya ha causado hasta el momento 4,9 millones de personas desplazadas de sus tierras, convirtiendo a Colombia el el país con más desplazados internos del mundo junto con Sudán (informe de noviembre 2010 CODHES). Esta guerra para desplazar poblaciones se ejerce directamente contra la población civil, que tras masacres horrendas se desplaza para salvar la vida.

Hay tantas víctimas civiles porque hay una guerra desatada contra ellas: no porque sean "víctimas del fuego cruzado" , como dice la falsimedia para ocultar la guerra dirigida contra los civiles.

En Colombia la situación de represión es descomunal: 7.500 presos políticos, y una cantidad de desaparecidos que supera la estremecedora cifra de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas. Del crimen de estado de la desaparición forzada en Colombia se tienen estimaciones que varían: el Estado reconoce 51.000 desaparecidos, las víctimas le reclaman 250.000 desaparecidos, según denunció Piedad Córdoba en el 2010, y según es deductible de los informes oficiales de diferentes entidades.

Medicina Legal publicó en febrero 2010 un informe según el cual en sólo 3 años 38.255 personas habían sufrido desaparición forzada. En enero 2011 la Fiscalía publicó un dramático informe: tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio 2005 y el 31 de diciembre 2010 por la herramienta paramilitar. Esa es la cara real de la herramienta paramilitar: desapariciones forzadas, masacres, homicidios, terror para callar la reivindicación.

Los negocios son los negocios.

NOTAS:

(1) http://www.jornada.unam.mx/2011/03/08/index.php?section=mundo&article=023n2mun

Al menos 5 desmovilizaciones habrían sido montajes

(Transcripción de la Nota de Noticias Uno)

Además de la falsa desmovilización de un frente de las FARC y de un Bloque de las AUC, se dieron otras dos, según le dijo a la Corte Suprema Juan Carlos Sierra, alias El Tuso... En una, se presentaron como paramilitares a los mototaxistas de Valencia, Córdoba, y en la otra hasta a empleadas del servicio doméstico...

Aunque el ex comisionado Luis Carlos Restrepo nos había manifestado su disposición a responder por todos los interrogantes del proceso con los paramilitares, aparentemente su teléfono está fuera de cobertura.

Durante las últimas semanas se conoció que fueron falsas las desmovilizaciones del frente de las FARC Cacica Gaitana y del Bloque paramilitar Cacique Nutibara. Aparentemente no fueron las únicas entregas de mentiras.

El extraditado narcotraficante, Juan Carlos Sierra alias “El Tuso”, les dijo a Magistrados investigadores de la Corte Suprema de Justicia, que tiene pruebas de que también fue un montaje la desmovilización, el 11 de junio de 2005, de 465 hombres del bloque Héroes de Tolová, al mando de alias Don Berna.

“En Valencia se desmovilizaron todos los mototaxistas, se desmovilizaron todos los vagos, se desmovilizaron quien no tenía un sueldo, para ganarse 450 mil pesos”.

Alias El Tuso dijo que también fue un montaje el desarme, el primero de agosto de 2005, de los 2033 miembros de la organización que apoyaba en las zonas rurales al bloque Cacique Nutibara, cuya desmovilización, según alias “el Alemán”, fue una farsa.

“El Bloque Héroes de Granada, ni pa’ qué le cuento, todos los jíbaros y ladrones del centro los recogieron para desmovilizarlos, y no fue la excepción ninguno más”.

Dijo que el 12 de diciembre de 2005, también hubo otra entrega de mentiras.

“Cuando Julián y Macaco desmovilizan el Bloque Central Bolívar en Remedios, Antioquia, le cuento que la mujer que me cocinaba a mí, la que me hacía de comida a mí, con su hija, también la llevaron a que se desmovilizara pa ganarse 450 mil pesos”.

Dice que estas organizaciones siguieron operando y que algunas de ellas quedaron bajo el mando de Fernando Pico y con el respaldo económico del narcotraficante, Fabio Ochoa Vasco, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos.

jueves, 17 de marzo de 2011

MOVICE anuncia acciones contra encubrimiento a reingeniería paramilitar

MOVICE anuncia acciones contra encubrimiento a reingeniería paramilitar


por POlo Democrático PDA
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Una serie de acciones se propone desarrollar el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) con el fin de denunciar tanto nacional como internacionalmente las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemísitico término de bandas criminales (bacrim).


Durante el encuentro de esta organización de derechos humanos que tuvo lugar en Bogotá entre el 10 y el 12 de marzo, los participantes determinaron igualmente seguir combatiendo la negativa estrategia de “Seguridad Democrática”, impulsada por el controvertido mandato a Álvaro Uribe Vélez y que ahora en el gobierno de Juan Manuel Santos ha tomado el apelativo de “Prosperidad Democrática”.


Al final del encuentro, el MOVICE expidió el siguiente pronunciamiento:


DECLARACION POLITICA

V Encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

“En M6VIDA con los pies por la tierra”

Durante los días 10, 11 y 12 de marzo del 2011, nos encontramos más de 300 delegados del MOVICE de todo el territorio colombiano y en resistencia al olvido y a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, hermanados en el sueño de una Colombia en Paz con Justicia Social, convocados en la memoria de nuestras víctimas, fortaleciendo nuestra unidad y convocando a otros y otras Movimientos y sectores sociales y políticos.


Deliberamos sobre la actual situación frente a Derechos Humanos, Ley de Víctimas, tierra y territorio y Conflicto Social y Armado junto con su solución política y negociada:


CONSTATAMOS


Sobre la situación de Derechos Humanos:


- Que en desarrollo de la “Política de Seguridad Democrática” se han generado y se siguen presentando graves crímenes de Lesa Humanidad como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros.

- Que a través de la persecución realizada por el DAS, se han generado parte de estos crímenes y se ha desarrollado una campaña contra el MOVICE, en particular en la realización de su segundo encuentro nacional, de donde podemos afirmar que crímenes y judicializaciones cometidas contra miembros del Movimiento se han hecho bajo esta estrategia.

- Que en desarrollo de la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales – Bacrim, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares

- Que el cambió en el lenguaje del discurso gubernamental de Seguridad Democrática a Prosperidad Democrática, de supuesta concertación y respeto a los derechos humanos, no ha trascendido a los hechos y se mantiene la violencia sociopolítica, impunidad y el conflicto social y armado.

- Que continúa la criminalización de la protesta social, estudiantil, con el uso desmedido de la fuerza represiva del ESMAD, la judicialización de líderes campesinos, comunales, estudiantiles y defensores de derechos humanos, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual, del control militar de la vida y del pensamiento crítico.

- Que los crímenes se desarrollan en regiones del país donde persisten grandes intereses económicos, de la agroindustria, de la infraestructura comercial hacia el desarrollo de megaproyectos de extracción de recursos naturales.

- Que los crímenes de violencia sociopolítica se agudizan con la ausencia de garantías a los derechos fundamentales a la vida, la salud, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente y a un desarrollo autónomo desde las prácticas tradicionales de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

- Que se mantiene la crítica situación de los presos políticos y en particular de las mujeres recluidas en cárceles bajo procesos de persecución judicial.

- Que se evidencia la decisión del Gobierno por generar división al interior de las víctimas y organizaciones sindicales, de derechos humanos y sociales, a través de diferentes propuestas como la de una conferencia nacional de derechos humanos que como está planteada no responde a las propuestas del movimiento señaladas desde su creación.


Sobre el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras


- Que después de 5 años de aplicación de la Ley 975 de 2005, los avances en materia de verdad siguen siendo irrisorios y con ausencia de justicia. Por ello nos preocupa que se estén planteando reformas que profundizarían el desconocimiento de los derechos de las víctimas, como es el caso de la Ley de Justicia Transicional y reformas en procedimientos judiciales.

- Que el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido presentado sin consulta y su trámite avanza sin brindar garantías de protección a los derechos de las víctimas, incluyendo además falencias fundamentales con respecto a los estándares internacionales.

- Que el Estado colombiano se niega a reconocer su responsabilidad en los crímenes cometidos negando con ello los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición.


Sobre la situación de Tierras y Territorio


- Que persiste el despojo de tierras y territorios, con ausencia de procesos de restitución que resuelvan la situación integral de los desplazados en el país. Manteniéndose las violaciones a los derechos humanos y falta de protección de quienes se atreven a reclamar su derecho a restitución y retorno a la tierra y territorio.

- Que la restitución planteada desde el plan de choque del ministerio de agricultura pretende legalizar el despojo, entregando una ínfima parte de las tierras y profundizando el modelo de agroindustria, extracción de recursos y de infraestructura con extranjerización de la propiedad de la tierra en función megaproyectos.

- Que al despojo violento de tierras y territorios se suman mecanismos legales como el Plan de Desarrollo 2010 – 214, Política minero energética, planes de reordenamiento territorial y ampliación de la frontera agrícola.


Sobre la profundización del Conflicto Social y Armado


- Que persisten estrategias militares de la fuerza pública de arrasamiento, de restricción de derechos, de consolidación de zonas militares, en el control de la vida civil y el territorio.

- Que es este contexto las FARC EP y el ELN han expresado públicamente su disposición hacia un diálogo y negociación de Paz en medio de la guerra. Parte de esta voluntad se evidencia en la entrega unilateral de retenidos con la mediación de Colombianos y Colombianas por la Paz.

- Que ante esta voluntad de paz, el gobierno ha dicho que tiene la llave de la paz, sin embargo aún no se concreta éste escenario, el cual no sería solo de interés de las partes sino de la sociedad en general.


Atendiendo a las anteriores consideraciones, a sus estrategias y al mandato de las víctimas organizadas en los veinticuatro capítulos que integran nuestro movimiento, el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,


RESUELVE:


1. Continuar oponiéndonos a la política de “Seguridad Democrática”, hoy en su nueva versión llamada de “Prosperidad Democrática”. Denunciar, la estrategia de múltiples falsos positivos que ha incluido, no solo las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas, sino además el encubrir la reingeniería paramilitar con falsas desmovilizaciones y reinserciones así como la realización de montajes judiciales. El Movice no ha reconocido, ni reconocerá denominar las estructuras paramilitares, como bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia común.

2. Adelantar todas las acciones jurídicas y políticas, frente a la persecución ejercida por el DAS, que conlleven a desenmascarar y judicializar ante los tribunales a los máximos responsables de estos crímenes, principalmente al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.

3. Emprender acciones conducentes a que los funcionarios involucrados en la suplantación de las desmovilizaciones, beneficiarios del despojo y de reinserciones respondan patrimonialmente para restituir los recursos dilapidados por parte del Estado en estos montajes.

4. Incidir en la propuesta presentada ante el Congreso de la República de modificaciones estructurales al proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras, no sin antes advertir que este ha sido inconsulto con las víctimas. Esperamos que dichas propuestas sean incorporadas, pero al mismo tiempo advertimos que de persistir en el proyecto el carácter abiertamente inconstitucional y contrario a los estándares internacionales en esta materia, demandaremos esta norma ante la Corte Constitucional.

5. Persistir en la movilización y fortalecimiento de los procesos organizativos, tal como lo hemos hecho, con la ley 975 de 2005, decreto 128 de 2003, con las extradiciones, el estatuto de desarrollo rural y todas aquellas normas que violan o limitan los derechos de las víctimas. El MOVICE considera que la fuerza social principal para acabar con la impunidad y los crímenes de Estado en Colombia reside en la capacidad organizativa y en la iniciativa de las víctimas.

6. Convocar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional en el acompañamiento y apoyo de todas las acciones que en materia de restitución, retorno, recuperación, resistencia y redistribución de la tierra emprendan las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas, (desplazadas o en resistencia) y habitantes de zonas rurales, que han sido víctimas de prácticas de despojo. Llamar a la realización del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías como una expresión de la unidad de agendas de acción de campesinos, indígenas, afro descendientes, desplazados, pobladores urbanos, sindicalistas, estudiantes y demás víctimas del despojo.

7. Exigir al Estado Colombiano y a la insurgencia concertar mecanismos para una pronta solución política y negociada al conflicto social y armado. En ese sentido, respaldar las iniciativas de Paz de la sociedad civil como la de Colombianos y Colombianas por la Paz, que persiguen mediante una agenda humanitaria llegar a la mayor brevedad a una mesa de negociación que ponga punto final al conflicto armado y que ofrezca una solución con justicia y democracia a la larga confrontación que ha sufrido el país. El MOVICE anuncia la decidida voluntad de construir una agenda propia con propuestas desde las víctimas hacia la paz.

8. Anunciar la inauguración del centro de memoria sobre el genocidio político contra la Unión Patriótica, como paso trascendental hacia la construcción de un Centro de Memoria contra la criminalidad estatal. El MOVICE saluda y fomenta continuar con las distintas iniciativas de memoria constituidas a la fecha.

9. Expresar solidaridad con las personas detenidas y judicializadas por motivos políticos o de conciencia, especialmente a Carmelo Agamez, Nelson de Jesús Gómez, Winston Gallego, David Ravelo, Imber Barrio, Harry Castillo y Carolina Rubio, integrantes del MOVICE víctimas de persecución judicial.

10. Ratificar la necesidad de construir una estrategia de lucha contra el exilio y apoyar los esfuerzos de los capítulos de víctimas que desde el exterior han trabajado por la construcción de esta nueva estrategia.

11. Finalmente llamar al Movimiento Social, de Derechos Humanos y Paz a responder de manera unitaria a la actual política gubernamental de concertación sin garantías reales. La unidad debe constituirse en el pilar fundamental de los movimientos sociales en Colombia. El MOVICE saluda y corrobora su voluntad de trabajo conjunto al lado de expresiones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Minga de Resistencia social y comunitaria, el Techo Común, la CUT, la Gran Coalición democrática, los procesos indígenas y afrocolombianos.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Bogotá, marzo 12 de 2011.


sábado, 5 de marzo de 2011

Estados Unidos continúa instalando bases militares en Colombia: contratos por más de 100 millones de dólares

Estados Unidos continúa instalando bases militares en Colombia: contratos por más de 100 millones de dólares.

¿Actuación del gobierno de Santos ilegal?

"La suma de los contratos incluidos en el listado que anexo en un CD es de USD$103.207.607 en contratos" Senador Robledo.

Información de oficina de prensa senador Robledo

Continúa la instalación de Estados Unidos en bases militares en Colombia, y esto pese a que la Corte Constitucional colombiana tumbó en agosto de 2010 el acuerdo suscrito por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para construir siete bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal.
Hace unas semanas el senador Jorge Enrique Robledo le solicitó al ministro de Defensa que explicara por qué el ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos millonarios para hacer construcciones en bases militares colombianas, algunos de los cuales se firmaron luego de que la Corte Constitucional declarara inaplicable el tratado que permitía a las fuerzas estadounidenses usar y adecuar al menos 7 bases.En septiembre de 2010, entidades militares norteamericanas firmaron contratos millonarios para construir instalaciones en las bases colombianas de Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. Entre otros, hay uno firmado el 30 de septiembre por el Departamento de Defensa con la empresa HCS Group, por un valor de USD $185.681.00, cuyo objeto es prestar servicios para un “centro de operaciones de una base avanzada del Comando de Operaciones Especiales para el Sur, en Tolemaida”.
El senador Robledo explicó que la finalidad de estos contratos es la misma que la del tratado que tumbó la Corte Constitucional. Señaló que no sería raro que Juan Manuel Santos, al igual que lo intentó hacer como ministro de Defensa, violara la Constitución para permitir que las fuerzas armadas estadounidenses se instalen en el territorio nacional.
A continuación las dudosas explicaciones del ministerio de defensa acerca de estos multimillonarios contratos, y una nueva exigencia de explicaciones del senador Robledo.
La Corte Constitucional tumbó en agosto de 2010 el acuerdo suscrito por los dos gobiernos para construir siete bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal.
Mindefensa no ha explicado por qué Estados Unidos hace inversiones en bases militares de Colombia: más de 100 millones de dólares
No son satisfactorias las explicaciones dadas por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, sobre las inversiones militares de Estados Unidos en bases colombianas, afirmó el senador por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Jorge Enrique Robledo, al pedirle de nuevo al alto funcionario aclarar varias y graves inconsistencias.
La Coalición Colombia No Bases, en cuyas investigaciones se ha respaldado Robledo, también señaló que el gobierno no ha explicado con seriedad por qué Estados Unidos dice tener bases militares en el territorio nacional.
El ministro colombiano describe como “simple adecuación de alojamientos” y “otras construcciones menores” el contrato suscrito el 30 de septiembre de 2010 con la empresa HCS Group. Pero según información del gobierno estadounidense, el contrato tiene que ver con la prestación de servicios una AOB (Advanced Operations Base) que el Comando Sur de Estados Unidos tiene en Tolemaida, como consta en la página usapending.gov. El senador Robledo explicó que “una AOB es una base militar para comandar, controlar o apoyar operaciones tácticas o de entrenamiento”. Hay otro contrato para llevar a cabo “instalaciones adicionales de una AOB” en la misma base colombiana de Tolemaida. Los dos suman más de 500 mil dólares, cifra exageradamente alta para hacer menores adecuaciones.
Hay un tercer contrato, por más de 400 mil dólares, para obras de la fase 1 de una CSL (Cooperative Security Location), otro tipo de bases militares que instala Washington a lo largo del mundo. Y existen otros contratos que nada tienen que ver con la construcción de obras menores.
La Corte Constitucional tumbó en agosto de 2010 el acuerdo suscrito por los dos gobiernos para construir siete bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal.
El senador del Polo Democrático pidió también esclarecer por qué hay una diferencia de cien millones de dólares entre las cifras suministradas por el Ministerio de Defensa colombiano y las que figuran en los contratos celebrados por Estados Unidos para “cooperación bilateral”.
Nuevo cuestionario de Robledo a Mindefensa
A continuación el texto de la carta enviada por el senador Robledo al Ministro de Defensa solicitándole que le responda un nuevo cuestionario sobre las inversiones del gobierno norteamericano en bases militares colombianas:
Bogotá, 28 de febrero de 2011
Doctor
RODRIGO RIVERA
Ministro de Defensa
Ciudad
Ref.: Las explicaciones sobre las inversiones militares de Estados Unidos en bases militares colombianas no son satisfactorias.
Atento saludo,
El pasado 22 de febrero recibí sus respuestas sobre los contratos que Estados Unidos ha firmado para ser ejecutados en bases militares colombianas. Debo señalarle, señor Ministro, que las explicaciones no son satisfactorias.
Usted afirma que “no corresponde al Gobierno de Colombia vigilar o supervisar la ejecución de los contratos celebrados por el Gobierno de Estados Unidos, en ejecución de los acuerdos de cooperación bilateral”. Y agrega que para responder las preguntas sobre estos contratos primero el Ministerio de Defensa Nacional tuvo que hacer algunas averiguaciones. Me parece muy grave que el gobierno nacional no controle ni vigile la ejecución de estos contratos, más cuando estos se ejecutan en bases militares colombianas.
En cuanto al contrato que el Ejército de Estados Unidos celebró el 30 de septiembre de 2010 con la empresa HCS Group P.C., me explica Usted que su objeto es construir “las adecuaciones de las instalaciones y alojamientos del Batallón de Comandos del Ejército –BACOA en Tolemaida”. Y agrega que “esta obra también incluye construcciones menores de alojamientos para hasta 18 instructores”.
Sin embargo, de acuerdo con la información publicada en la página usaspending.gov, el objeto de este contrato está relacionado con una AOB (Advanced Operations Base) ubicada en la Base de Tolemaida y controlada por el Comando Sur de Estados (Anexo 1). Un segundo contrato (Anexo 2) cuya descripción es “instalaciones adicionales AOB, Tolemaida, Colombia”. Una AOB, señor Ministro, es una base estadounidense para comandar, controlar o apoyar operaciones tácticas o de entrenamiento, por lo que su respuesta no se corresponde con la descripción que el gobierno de Estados Unidos hace del contrato en mención.
Además, los dos contratos suman un valor de USD$587.083, cifra que me parece demasiado alta para la simple adecuación de alojamientos. Por esta razón, en el cuestionario que anexo le solicito que me informe de manera detallada en qué consisten estas adecuaciones.
Sobre los demás contratos militares que Estados Unidos ha celebrado y que se están ejecutando o se ejecutarán en Colombia, su respuesta se limita a señalar que “las obras a construir son solicitadas por el Gobierno de Colombia, con el objeto de fortalecer las capacidades de las fuerzas militares” y explica que el fundamento legal de dichas obras es el Apéndice 9 al Anexo de 2004 del Convenio General para la Ayuda Económica, Técnica y Afín de 1962.
Al respecto debo señalar que, de acuerdo con la información publicada por el gobierno de Estados Unidos, estos contratos no se limitan a la construcción de obras. Por ejemplo, hay un contrato que el gobierno de Estados Unidos describe como “fase 1 de una Cooperative Security Location” (CSL). Como Usted bien lo sabe, se le da el nombre de CSL a una de las bases militares que Estados Unidos instala como parte de su estrategia de defensa global y que requiere la presencia permanente e integrada de personal militar norteamericano en el país. Este contrato tiene que ver entonces con la construcción de una base militar estadounidense en el territorio colombiano, situación abiertamente ilegal. Y el monto es de USD$$400,722, lo que evidencia que no se trata de una construcción menor.
En las publicaciones del gobierno de Estados Unidos se detallan otros contratos cuyo objeto no es la construcción. La descripción de uno de ellos es “Afghanistan Rotary Wing airlift” (Anexo 4), por lo que la pregunta obvia es: ¿Por qué el Departamento de Defensa está ejecutando contratos en Colombia relacionados con Afganistán?
Por último, señor Ministro, las cifras que Usted me suministra sobre la inversión militar estadounidense en Colombia no cuadran. Porque según su respuesta, entre 2000 y 2010 el presupuesto asignado por Estados Unidos a la cooperación bilateral es de USD$6.466.108, pero la suma de los contratos incluidos en el listado que anexo en un CD es de USD$103.207.607, una diferencia de casi cien millones de dólares.
Por las razones expuestas, adjunto un cuestionario sobre estos contratos y otros temas relacionados con la presencia militar de Estados Unidos en Colombia.
La presente solicitud se fundamenta en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992.
Agradezco su atención.
Cordialmente,
JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senador de la República
CUESTIONARIO
1. ¿En la base militar de Tolemaida funciona una Advanced Operations Base (AOB) de Estados Unidos? Favor sustentar su respuesta teniendo en cuenta que existen dos contratos del Departamento de Defensa que se refieren a una AOB en esta base colombiana (Anexos 1 y 2).
2. Remitir un informe sobre el objeto y la ejecución de los contratos descritos en los anexos 1 y 2 y señalar cuáles son los fundamentos jurídicos de los mismos.
3. Remitir un informe que detalle cuáles son las actividades que adelantan los militares estadounidenses en la base de Tolemaida. Incluir el número de personal militar, civil y contratista de Estados Unidos que tienen presencia en estas instalaciones, el control que el gobierno colombiano ejerce sobre ellos y las empresas privadas a las que pertenecen los contratistas.
4. Remitir un informe de las obras y adecuaciones que ha realizado el personal militar, civil y contratista estadounidense en la base de Tolemaida en los últimos diez años.
5. ¿En Colombia existe una Cooperative Security Location (CSL) de Estados Unidos? Favor sustentar su respuesta teniendo en cuenta que un contrato del Departamento de Defensa se describe como Fase 1 de una CSL (Anexo 3).
6. Favor informar en detalle el objeto y ejecución del contrato descrito en el anexo 3.
7. ¿En qué consiste el contrato descrito en el anexo 4 que el gobierno de Estados Unidos describe con la frase “Afghanistan Rotary Wing airlift”? Favor remitir un informe que detalle su objeto y ejecución.
8. Favor remitir un informe que explique en detalle el objeto y ejecución de los siguientes contratos que se anexan:
Descripción Monto (USD) Anexo
Other direct costs option 3 $6,212,672 5
Tolemaida Aviation $5,507,666 6
Transportation Battalion Marine $1,771,799 7
Base Malagana Colombia
Infrastructure Larandia Towers $749,726 8
Services for Transportation $146,260 9
BattalionMarine Base at Malagana
9. ¿Por qué existe una diferencia de más de cien millones de dólares entre la cifra que usted me envía en la respuesta 4 y la sumatoria de los montos de los contratos incluidos en el listado que anexo en un CD?
10. En la respuesta número 2, Usted señala que Colombia cumple con sus obligaciones derivadas de los “acuerdos de cooperación bilateral con el Gobierno de Estados Unidos mediante el presupuesto de las Fuerzas Militares”. Favor aclarar cuáles son las obligaciones que Colombia ha asumido como consecuencia de los acuerdos de cooperación, especificando el acuerdo del cual se deriva cada una de ellas. Igualmente, solicito que me informe los montos que las Fuerzas Militares han destinado al cumplimiento de estos tratados en los últimos diez años, discriminando la información por año.
11. En sus respuestas Usted me explica que “las obras a construir son solicitadas por el Gobierno de Colombia, con el objeto de fortalecer las capacidades de las fuerzas militares”. ¿Cuáles son los obras exactas que Colombia le ha solicitado a Estados Unidos en los últimos 10 años? Favor remitir copia de estas solicitudes.
12. Favor informar dónde están ubicados los 459 militares y civiles a los que se refiere la primera respuesta e informar en detalle cuáles son las labores que desempeñan.
13. ¿A qué empresas privadas pertenecen los 113 contratistas a los que se refiere la primera de sus respuestas? ¿En qué parte del territorio nacional se encuentran? ¿Cuáles son las funciones que desempeñan?
14. En el presupuesto de 2010 del Departamento de Defensa, el Congreso de Estados Unidos aprobó una partida de 46 millones de dólares para invertir en la Base Germán Olano Moreno, Palanquero. En sus respuestas Usted señala que “esta unidad no recibe cooperación del Gobierno de Estados Unidos”. ¿Esta partida nunca fue ejecutada? Favor sustentar su respuesta.
15. Favor remitir copia de todos los informes que el gobierno ha presentado al Congreso sobre los tratados y acuerdos que permiten la presencia de personal militar e inversiones de Estados Unidos en Colombia. Lo anterior en virtud de que la página web de la cancillería no registra tales informes y solo cuenta con tres breves referencias al Convenio General para Ayuda Económica Técnica y Afín del 23 de julio de 1962. Por lo tanto, le reitero la solicitud de que me allegue copia de los informes rendidos a la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de representantes sobre todos los acuerdos vigentes.
16. Favor remitir copia de todos los convenios, subconvenios, apéndices, subapéndices y demás acuerdos de implementación que desarrollen y adicionen el Anexo de 2004 al Convenio General de Ayuda Económica, Técnica y Afín. Incluir todos los que permiten las adecuaciones y construcciones hechas por Estados Unidos en bases militares colombianas.
17. De acuerdo con su respuesta número tres, ¿cuál es la presencia militar o civil, las construcciones, adecuaciones y los servicios realizadas y prestados por el Gobierno de los Estados Unidos en: la Base Aérea Luís F. Gómez Niño (Apíay), Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez (Cali), Base Naval ARC Bolívar (Cartagena), Cuarta Brigada del Ejército (Medellín), Base Aérea Ernesto Esguerra (Tres Esquinas, Caquetá), Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi (Palmira), Batallón Cartagena número 6 (Riohacha), Base Aérea de Marandúa (Vichada), Base militar de la Macarena, Batallón Escuela de Comunicaciones (Facatativá), Base Naval ARC San Andrés, Octava Brigada (Armenia), Base naval ARC Coveñas, Batallón de Infantería No 5 "Gral. José María Córdova" (Santa Marta), Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, Colegio Naval “José Prudencio Padilla"(Buenaventura), Sexta Brigada (Ibagué), Brigada de Infantería de Marina No.1 (Corozal), Batallón de Infantería la POPA (Valledupar), Décimo Octava Brigada (Arauca), Batallón de Transportes de la Infantería de Marina en Malagana (Bolívar).
Si hay una brigada, batallón, escuela, o cualquier otro tipo de ordenamiento militar que tenga o haya tenido presencia militar, civil o financiera de los Estado Unidos, favor detallarlo.
18. Favor detallar el tipo de ayuda militar y el tiempo en que la ha recibido cada una de las brigadas móviles, territoriales y de infantería de marina mencionadas en la respuesta número 3.
19. De acuerdo con la respuesta número uno, el “personal militar se encuentra en Colombia bajo lo permitido por el del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos relativo a una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia, suscrito en 1974”. El artículo 3° de este tratado dispone que las Misiones Militares estarán integradas por “el Jefe de Misión Militar con grado de coronel para el Ejército y la fuerza Aérea y Capitán de Navío para la Armada” y el “personal adicional de los Estados Unidos de América propuesto por los Comandantes de las Fuerzas Colombianas, previo acuerdo con los correspondientes Jefes de Misiones Militares, que sea aprobado por el comandante General de la fuerzas Militares y autorizado por el Ministerio de Defensa de Colombia”. De acuerdo con lo anterior, favor informar año por año cuáles han sido las solicitudes del gobierno colombiano sobre personal adicional y remitir copia de las que se han elevado desde el año 2000.