viernes, 27 de enero de 2012

Asesinado Mauricio Arredondo afiliado a la USO, junto con su esposa: se cumplen las amenazas paramilitares en un clima de linchamiento mediático contra el sindicato, impulsado El ex-presidente Uribe y su ex Vicepresidente Santos

Por Prensa USO y CUT

"(...)El ex-presidente Uribe, su ex Vicepresidente Santos, y representantes de agremiaciones petroleras del país, se dedicaron por los medios masivos de comunicación a señalar a la U.S.O como parte del sindicalismo armado colombiano, hechos que consideramos como la construcción de una Otredad Negativa, con una intencionalidad clara, allanar el terreno para la eliminación física y legitimar y justificar la misma.
Advertimos a los representantes de la empresa de un cercano asesinato de un miembro de la U.S.O y le exigíamos respondiera por la seguridad de los miembros del sindicato. Pero el 17 de enero de 2012 en horas de la noche, en la vía Puerto Asís, fueron asesinado el compañero MAURICIO ARREDONDO y su esposa JANETH ORDOÑEZ CARLOSAMA.      El compañero  es dirigente y líder comunitario, el pasado 13 de enero había participado en el foro regional petrolero(...)"

En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo

¿Sabe usted que en Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo?


En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, por una violencia sistemática del Estado colombiano
Departamento de Derechos Humanos de la CUT
23-01-2011
“ en Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.”

Sigue actuando a sus anchas el brazo paramilitar del Estado, denuncia la Comunidad de Paz de San José de Apartadó otro asesinato de uno de sus integrantes

Sigue actuando a sus anchas el brazo paramilitar del Estado

Enviado por cdpsanjose el Jue, 2012-01-26 13:04. :: Constancias
Los medios de comunicación y el discurso oficial siguen negando la existencia y el accionar de las estructuras paramilitares mientras éstas, gracias a ese encubrimiento, actúan con más descaro y seguridad. El Presidente Santos acaba de promover a los comandantes de la Brigada XVII y de la Policía de Urabá, quizás por haber servido eficazmente de apoyo y protección a esas estructuras paramilitares, mientras le miente al país y al mundo afirmando que ya no existen.
Nuestra Comunidad de Paz deja constancia nuevamente ante el país y el mundo de sus últimas acciones:
  • El miércoles 11 de enero de 2012, a cinco minutos del caserío de San José de Apartadó, a las 17:45 horas, fue ejecutado el campesino GUSTAVO GUZMÁN URREGO. Los tiros fueron escuchados claramente desde el asentamiento de San Josesito, sede principal de nuestra Comunidad de Paz, por lo cual miembros de la Comunidad verificaron rápidamente la información y se comunicaron con la Defensoría del Pueblo para solicitarle que diligenciara el levantamiento del cadáver. La Defensoría reportó el hecho a la fuerza pública y se le respondió que “no sabían nada de lo ocurrido”, a pesar de la intensa presencia militar y policial en el caserío. El cuerpo de Gustavo duró más de 20 horas en el lugar de su ejecución, como ha ocurrido en otros numerosos casos y como una muestra más de humillación a la víctima y de desconocimiento de su dignidad humana. La fuerza pública alegaba que no encontraban el cadáver, mientras éste yacía a la vista de todo el mundo.
  • Entre los días sábado 14 y miércoles 18 de enero de 2012, grupos de paramilitares con uniformes de camuflado y armas largas, provenientes de la base paramilitar de Nuevo Antioquia, que ha gozado de protección oficial durante más de 15 años, incursionaron nuevamente en las veredas La Esperanza (de nuestra Comunidad de Paz) y El Porvenir. En ambos sitios visitaron las casas de los campesinos y anunciaron que va a asesinar a más gente y que tienen que exterminar a la Comunidad de Paz, pues es para ellos, actualmente, el único estorbo que encuentran en la zona. Afirmaron, además, que sus acciones están siendo coordinadas con la fuerza pública a fin de patrullar conjuntamente las veredas y que los campesinos que se nieguen a trabajar con ellos como informantes tendrán que abandonar las zonas o asumir las consecuencias. Dijeron también que actualmente hay en el área unos 500 paramilitares pero que muy pronto serán más, pues se están reforzando.
  • El martes 17 de enero de 2012, a las 17:00 horas, cuatro personas fueron detenidas arbitraria e ilegalmente por la fuerza pública, en el caserío de San José de Apartadó, y acusadas sin fundamento alguno de haber participado en la ejecución de Gustavo Guzmán el 11 de enero. La Comunidad le solicitó a la Defensoría del Pueblo que verificara los motivos y la legalidad de dichas detenciones, pero la Defensoría no dio respuesta alguna. Después de algunas horas los detenidos fueron dejados en libertad, lo que evidencia aún más la arbitrariedad e ilegalidad de los procedimientos que se están utilizando contra el campesinado de la zona.
  • El viernes 20 de enero de 2012, otro grupo de paramilitares salió de la vereda Playa Larga, de la finca La Marina –propiedad de los paramilitares- aproximadamente a las 8:00 horas, y subió hasta la vereda La Esperanza ubicándose por un tiempo en los predios de la Comunidad de Paz. Allí profirieron nuevas amenazas contra la Comunidad, anunciando su exterminio, y luego continuaron su recorrido. Ese mismo día otro grupo paramilitar hizo presencia en la vereda El Porvenir.
Los hechos evidencian, una vez más, que nada ha cambiado. El Estado sigue amparando y reforzando el paramilitarismo, encubriendo las ejecuciones y pisoteando la libertad y los derechos fundamentales de las personas, sin que los organismos de control actúen en su defensa y la impunidad continúe afirmándose en forma rampante.
Continuamos, como siempre, defendiendo la vida y los derechos fundamentales de los integrantes de nuestra Comunidad de Paz y del campesinado de nuestro entorno, sabiendo que para ello contamos con el respaldo moral de numerosas personas, en el país y en muchos rincones del mundo, que aún conservan principios éticos y a los cuales agradecemos, una vez más, su solidaridad incondicional.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Enero 26 de 2012


jueves, 12 de enero de 2012

Fallece otro preso en una cárcel colombiana por denegación de asistencia médica: "La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC, tan lenta y dolorosamente"

"La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC, tan lenta y dolorosamente"
Fallece otro preso en una cárcel colombiana por denegación de asistencia médica



Transcripción y contexto de APCrítico / VIDEOS de CNMC (Corporación Nuevos y Mejores Caminos) /Denuncia del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

A raíz del fallecimiento de otro preso por denegación de asistencia médica, denuncian que la desatención médica en la cárcel El Pesebre es total, a tal punto que los presos se preguntan "¿quién será el próximo en fallecer?". Los presos hacen un llamado a la solidaridad.

Contexto  
Crímenes de estado contra la población carcelaria, y en específico contra los miles de presas y presos políticos


Las muertes y denuncias que se vienen sucediendo ponen de manifiesto la gravísima situación de homicidios a manos del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario) y demás autoridades por tortura y denegación de asistencia médica como otra forma de tortura contra los presos. Colombia tiene un triste 'record' en presos políticos: hay al menos 7.500 presos políticos, el 90% de ellos civiles encarcelados bajo montajes judiciales. El trabajo de los defensores de derechos humanos y abogados de presos políticos es dificilísimo, siendo estos víctimas de una encarnizada persecución estatal que ha conllevado desapariciones forzadas, asesinatos, y hasta encarcelamientos arbitrarios de defensores y abogados de presos políticos. Por ello los censos son muy difíciles, y la cifra (ya escandalosa) de 7.500 presos políticos se estima hoy estar subvalorada; de hecho el último informe sobre situación carcelaria señala que hay una cantidad cercana a los 9.500 presos políticos, esta cifra toma en consideración el aumento de encarcelamientos masivos en los últimos años: bajo el gobierno de Uribe y bajo el actual gobierno de JM Santos. La práctica represiva de los encarcelamientos arbitrarios, con montajes judiciales y como forma de acallar la reivindicación social y política, lejos de disminuir, ha recrudecido con Santos.

Los casos de presos torturados y asesinados por tortura de denegación de asistencia médica son sistemáticos , son numerosas las denuncias: la tortura y denegación de asistencia médica se ceban especialmente contra los presos políticos, pero afectan de manera general a toda la población carcelaria, y hay establecimientos penitenciarios que no disponen ni de un médico. El hacinamiento, los malos tratos, la comida descompuesta, las palizas, y las enfermedades no atendidas acaban con la vida de los presos comunes de clase social empobrecida, y con la de los presos políticos aislados de toda veeduría por el respeto a sus DDHH. Testimonia un interno ante los micrófonos de CNMC (3er video): "  degradante que en Colombia se esté pensando en construir más cárceles como esta que son una tortura. Las cárceles en Colombia se están construyendo como por estratos sociales. Aquí en esta cárcel no hay nadie de peso, aquí no hay ningún para-político, porque yo le aseguro que si aquí en esta cárcel tuviéramos una persona de esas, aquí tendríamos agua las 24 horas del día, tendríamos sanidad las 24 horas del día y no nos faltarían medicamentos, y la comida sería excelente. (…) me siento impotente ante todo esto: que nosotros los estratos bajos tengamos que pagar a veces hasta con nuestras vidas; y todas esas personas de cuello blanco tras de que están atentando contra el país, el estado los protege y los pone en las mejores cárceles del país.
El gobierno de Santos prepara una nueva reforma judicial que va a endurecer las penas y agravar aún más la dramática situación de la población carcelaria en Colombia. En cuanto a los presos políticos las organizaciones sociales denuncian que hay prácticas de tortura y exterminio y lanzan la alarma a la comunidad nacional e internacional.

Es en este contexto que amanece el año 2012 con un nuevo caso de preso empujado a la muerte por el estado colombiano: por denegación de asistencia médica.


VIDEO, testimonios de presos:  http://www.ustream.tv/recorded/19581129

· DENUNCIA de LA MUERTE DE UN INTERNO Y LAS GRAVES CONDICIONES EN MATERIA DE SALUD AL INTERIOR DE LA CARCEL DEL PESEBRE EN PTO. TRIUNFO. Denuncian crisis humanitaria y que la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, conoce condiciones de hacinamiento, insalubridad y carencias sanitarias comparables a las de Valledupar: con cortes de agua hasta por 14 horas, comida infectada, insalubridad y ausencia de centro sanitario. Denuncian que la desatención médica es total, a tal punto que los presos se preguntan "¿quién será el próximo en fallecer?". Los presos hacen un llamado a la solidaridad.

Testimonio del interno Alexander Guzmán:
"La muerte de nuestro compañero fue por negligencia de las personas encargadas de custodiarnos. El empezó con un fuerte dolor de cabeza el 21 de diciembre, y no fue atendido de ninguna manera. Empezó a convulsionar en la madrugada y los internos gritamos e hicimos ruido y manifestamos nuestro llamado para que lo atendieran; el dragoneante encargado en ese momento, de apellido Hernández, se tomó bastante tiempo para acudir, lo vio en el estado que estaba y se tomó una hora más para hacer que las personas encargadas de sanidad (que son enfermeras) bajaran a atenderlo.
Al siguiente día, el jueves, lo bajaron al medio día, eso empeoró su estado: el no tenía lucidez. Cuando le señalaron el estado del interno al dragoneante Daza, este dijo que 'él está pepo', y no hizo nada. De tal forma que el interno siguió así varios días hasta el día de la visita el día 24 de diciembre. La mamá del interno lo vio tan mal que ella misma pidió a la guardia para que lo llevaran al sitio de sanidad. No se sabe que le dieron a él, porque no creemos que le hayan dado nada porque droga (medicinas) aquí no hay de ninguna clase; que lo haya atendido un médico sabemos que no, porque aquí no hay médico. Para ese día al compañero había ya que ayudarlo a vestir, porque era tal su estado que no podía hacerlo solo. Lo llevaron de nuevo al patio en una silla de ruedas. Para el día 25 de diciembre el ya no caminaba. A los internos de ese patio les tocó hacer desobediencia para que lo atendieran. Desde ese momento no se supo del compañero hasta que nos dimos cuenta que murió por un paro cardiaco a causa de una meningitis. Su muerte fue por negligencia de la administración de este establecimiento que conociendo el estado de salud del interno no hizo nada para que este interno fuera atendido de ninguna forma, y lo dejó morir. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿Quién de nosotros va a ser el siguiente?


Hacemos un llamado a todas las personas y entes de control para que por favor nos escuchen, que por favor nos crean: llevamos año y medio aquí, llevamos luchando para que esto cambie y no se ha podido. Llevamos año y medio sin médico, sin agua, estamos prácticamente tirados a la deriva.
Le hacemos un llamado al doctor Iván Cepeda Vargas para que por favor nos atienda, nos escuche, nos haga una visita para que él se de cuenta que lo que hablamos no es mentira.


La gobernación de Antioquia cerró el área de sanidad: es tal la inoperancia de este establecimiento que no hay funcionamiento sanitario y no hay ni un solo médico. Esperamos que este llamado haga eco. La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC tan lenta y dolorosamente; no solo a nosotros sino a nuestras familias. El interno que murió era bastante joven, y de verdad que no valía la pena que hubiera muerto por negligencia del estado."


Periodista: Lamentablemente tenemos que decir que el fallecimiento de personas privadas de la libertad es bastante preocupante, acabamos de ver cómo a mediados del mes de diciembre del 2011 perdió la vida en la cárcel de Bellavista el señor Luis Fernando Pavoni Hernández.


Interno Alexander Guzmán:
Desde el momento en que se inauguró esta cárcel, nos tocó sacar escombros de aquí. Ni siquiera había una enfermera; tuvieron que utilizar a una enfermera del hospital del pueblo para poder atendernos. Desde ese tiempo venimos denunciando los hechos: a la Defensoría del Pueblo, a la Procuradoría al mismo INPEC, hemos mandado documentos a la comisión de derechos humanos del senado, se ha pronunciado en dos ocasiones el Congreso de la República; pero se pronuncia de una manera que consiste en hacerle saber a otros entes de la situación; pero nunca se ha visto una respuesta concreta para nuestra situación. Hace unos 7 meses el señor Chaparro, defensor regional del Magdalena Medio, interpuso una tutela al tribunal superior de Antioquía, el cual falló el 20 de julio a favor de nosotros, una denuncia por todos los puntos que nos perjudican, pero principalmente por salud y agua. (...) Aquí todo lo que ha sucedido lo hemos denunciado; pero en realidad hemos sido muy poco escuchados, tal vez nada porque el cambio ha sido nulo, a tal punto que en esto momento el detonante de esta nueva denuncia es la muerte de un compañero. Lo cual en este momento nos lleva a esperar a cual de las personas que necesita un tratamiento médico o que necesita su medicina y no se la dan, vaya a sufrir la misma suerte que el compañero que murió. (...)
Es muy triste que nuestras familias estén perjudicadas por todo lo que sufrimos aquí, y nadie, nadie, absolutamente nadie se motive por esto que está sucediendo.
El llamado que hacemos es ese: necesitamos su colaboración, su intervención. Al doctor Iván Cepeda necesitamos su intervención: es una de las pocas personas escuchadas en el país en cuanto a temas carcelarios. Esta cárcel viene siendo un mini-Valledupar: con una falencias aún más graves.

Periodista: "¿Si las instituciones no han tomado atenta nota de las reiteradas denuncias que ustedes han hecho desde el año pasado, si hemos llegado al extremo de la pérdida de esta vida humana, cuál es la decisión que ustedes han evaluando tomar frente a esta terrible situación humanitaria que está acaeciendo hoy en el establecimiento el Pesebre?"

Nuestra opción es denunciar ante la opinión pública esta realidad que vivimos aquí. Denunciar todas las mentiras que dice el ministro de estos supuestos 'emporios carcelarios' que al parecer él los nombra como si fueran palacios. Y si en este establecimiento no se le va a dar solución a eso, no creo que los otros internos quieran esperar una próxima muerte. Desafortunadamente si nosotros tomamos las vías de hecho, como por ejemplo hacer una desobediencia civil, o una huelga; la guardia va a tomar represalias: nos van a querer gasear, golpear, porque ese es el sistema que utilizan para reprimirnos. Entonces sucede que como no hay sanidad, no hay tratamiento médico, serían muchas las vidas que se pondrían en riesgo. Entonces en este momento estamos tratando de que por favor nos escuchen de esta forma. Si no igualmente, lleguen las consecuencias que lleguen, nos tocará acudir a las vías de hecho para que seamos escuchados por el país, por los entes de control y por todas aquellas personas que puedan intervenir por nosotros.



· VIDEO 2: habla la madre del preso fallecido por denegación de asistencia médica: http://www.ustream.tv/recorded/19621727

"Con mi hijo sucedió que lo dejaron morir, no le prestaron atención médica.
Yo fui el 24 de diciembre y lo ví muy mal, y rogué para que los trasladaran. Pero no lo trasladaron, yo rogué para que lo atendieran el 24; pero el 25 fui y estaba tirado en una camilla solo, ardiendo en fiebre y orinado, y él ya no nos reconocía.
Para mi eso ha sido muy duro porque no lo atendieron.
No es justo que haya pasado eso. No quiero que esto pase con más reclusos, que los ayuden; porque no quiero que ninguna madre tenga que pasar lo que yo pasé con mi hijo. Ellos son culpables, son culpables. Estoy destrozada.
La doctora de Puerto Triunfo tampoco me lo quiso remitir al hospital, lo remitió fue ya a media noche ya cuando le dio la gana, después de yo rogarle y suplicarle durante horas que lo trasladara, y ella me decía que no. Ella me contestó que quién sabía más si la mamá, o ella que era doctora. Le contesté que no necesitaba ser doctora para ver que mi hijo se estaba muriendo, y que si él se muere ustedes tienen la culpa, remítalo al hospital."




· VIDEO 3: Desgarrador testimonio: centro de salud inexistente, no hay medicinas, no hay médicos, no hay tratamientos, los presos están siendo empujados a la muerte. Tras el fallecimiento de un preso por denegación de asistencia médica, los internos claman por una solución a la inexistencia de centro sanitario, a los problemas de alimentación (descompuesta) y de agua. Reclaman igualmente que no quede en la impunidad la saña con que le fue negada la asistencia médica y el traslado a un centro hospitalario al preso fallecido. Denuncian que los problemas siguen agravándose pese a las tutelas.
http://www.ustream.tv/recorded/19552232

"Es algo muy grave y muy degradante que en Colombia se esté pensando en construir más cárceles como esta que son una tortura. Las cárceles en Colombia se están construyendo como por estratos sociales. Señor Contreras, aquí en esta cárcel no hay nadie de peso, aquí no hay ningún para-político, ni hay un desmovilizado de peso, porque yo le aseguro que si aquí en esta cárcel tuviéramos una persona de esas, aquí tendríamos agua las 24 horas del día, tendríamos sanidad las 24 horas del día y no nos faltarían medicamentos, y la comida sería excelente. Si me estoy exaltando me disculpan pero es que me da rabia, me siento impotente ante todo esto: que nosotros los estratos bajos tengamos que pagar a veces hasta con nuestras vidas, y todas esas personas de cuello blanco tras de que están atentando contra el país, el estado los protege y los pone en las mejores cárceles del país. Y las personas de escasos recursos estamos en estas cárceles que son una tortura y que son violatorias del Derecho Internacional Humanitario. No se cumple en nada el DIH. Aquí no ha venido nadie, nadie. Nos tratan como la escoria. Y así dicen que si resocializarnos y todo eso.


Son antros de muerte. La pena de muerte el INPEC la está ejecutando con nosotros, porque está dejando que los reclusos se mueran en las cárceles lentamente por la falta de atención médica y por la falta de cuidar nuestros derechos
Al doctor Iván Cepeda y la comisión de derechos humanos del senado que nos hagan una visita, con la misma comisión que fue a la cárcel de Valledupar. Al INPEC yo no sé quién lo investiga pero es que tantas anomalías son muy raras. Hay infinidad de denuncias, de tutelas por violación a nuestros derechos: ¿Qué está construyendo en estado?


Periodista Contreras:
Los hombres y mujeres privados de la libertad en los establecimientos penitenciarios se están muriendo ante los ojos de sus familiares y de los empleados públicos, y el estado colombiano no toma cartas trascendentales que permitan corregir estos hechos. El año pasado fallecieron varios internos en el mes de diciembre, en la cárcel de Bellavista, y tan solo en la cárcel de Bellavista en el año 2011 fueron 14 hombres los que perdieron la vida. Han denunciado que estas muertes obedecen a la falta de atención médica; hoy registramos el fallecimiento de otro interno de la cárcel El Pesebre, también por falta de atención médica.


Anexo:

· Muere preso en cárcel de Puerto Triunfo por negligencia del INPEC
Por Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

lunes, 9 de enero de 2012

El paro armado de los Urabeños: ¿Cría cuervos y te sacarán los ojos?

El paro armado de los Urabeños: ¿Cría cuervos y te sacarán los ojos?


por José Antonio Gutiérrez D.

 

Todos los senadores, representantes o políticos que han resultado mencionados han dicho que son enemigos nuestros y que nos han combatido. Y a todos se les ha comprobado que sí tenían vínculos con las autodefensas. Nosotros estamos como la novia fea, en la noche nos acariciaban y en el día no nos voltiaban a mirar

(Declaraciones del jefe paramilitar José Ever Velosa, alias HH)[1]

 

 

Aunque el paro armado paramilitar que sacudió a Colombia desde el 5 de Enero (decretado en venganza por la muerte del paramilitar alias “Giovanni” durante un reciente operativo militar), ha dado bastante que hablar en los medios, la falta de análisis y la ausencia de memoria para abordar el tema es sorprendente. Salvo honrosas excepciones, sigue entendiéndose al paramilitarismo colombiano y sus múltiples caras (Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Paisas, ERPAC, etc.) según el modelo de las bandas criminales (Bacrim), como si en el fondo tuvieran poco o nada que ver con el monstruo paramilitar alimentado por el Estado colombiano -y la oligarquía que lo capitanea- durante las últimas décadas. Desde luego se menciona que muchos de ellos hicieron escuela en las Autodefensas Unidas de Colombia, pero no se hace la relación de continuidad entre ambos fenómenos. Como en una columna lo expresa Sergio Otálora M., los paramilitares son “ahora convertidos en bandas criminales por la alquimia de la impunidad y de la negación cómplice” de las autoridades[2].

 

Por su parte, el presidente Santos también aprovecha la ocasión para reforzar el discurso de la “mano negra”, salida de ninguna parte… como si el desarrollo del paramilitarismo (el de ayer y el de hoy) no tuviera nada que ver con el Estado. Se refuerza así la visión del Estado como institución supuestamente neutral en el conflicto social y armado –o en palabras de sus maestros uribistas, Colombia como una “democracia asediada por violentos”- fórmula favorita del bloque dominante para desnaturalizar el contenido de este conflicto. Dice Santos, iracundo, quelos Urabeños’ están notificados: aquí vamos tras ellos, no solamente en el Magdalena, donde operen, en Córdoba, en Urabá, en Antioquia, donde estén vamos a ir[3]. Agrega, posando de ecuánime en su supuesta lucha contra los “violentos”, que "los intentos de las bandas por frenar la acción de las autoridades no detendrán la lucha sin cuartel contra estos grupos"[4]. Nos preguntamos cuáles son esas acciones, pues aparte de la caída del líder del ERPAC, alias “Cuchillo” (por lo demás, en circunstancias curiosas que no se han aclarado del todo[5]), la captura de “Don Mario” y ahora la muerte de alias “Giovanni”, en varios años no ha habido más resultados. Y eso que desde al menos el 2008 las acciones del paramilitarismo son superiores en número a las de la insurgencia. Sin embargo, los operativos militares contra el paramilitarismo se pueden contar, literalmente, con media mano.

 

La realidad es que al paramilitarismo se le ha permitido crecer con el beneplácito de la fuerza pública y a las autoridades jamás les molestó cuando panfletos, en lugar de ordenar el cese de actividades comerciales o del transporte, amenazaban a sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios o reclamantes de tierras. Tampoco molestó a las autoridades, ni movilizó una “lucha sin cuartel” la estrategia de la limpieza social que se cobra varias vidas todos los días en los barrios populares de las principales ciudades colombianas, la cual venimos denunciando de hace años. Es más, el paramilitarismo después de la supuesta desmovilización de las AUC no solamente ha sido tolerado por el Estado, sino que la fuerza pública ha colaborado abiertamente con él y lo ha apoyado. Un informe de mediados del 2011 de la Corporación Nuevo Arco Iris dice que la corrupción de miembros de la Fuerza Pública hace que la población desconfié de la institucionalidad. En los Llanos Orientales, por ejemplo, con el Plan Consolidación lo que se observa es que a medida que la Fuerza Pública desplaza a las FARC, los hombres del ERPAC van tomando este tipo de posiciones, en Córdoba algunos miembros de las Fuerzas Militares parecen uno sólo con ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’[6].

 

¿Ha cambiado algo para que ahora las cosas sean diferentes? ¿Acaso el paramilitarismo ha dejado de ser un aliado del Estado para convertirse en su enemigo? El paro armado paramilitar plantea varias interrogantes. Pero también entrega muchas luces sobre la manera en que funciona el Estado paramilitar, y la manera en que se manejan sus innegables vínculos con la mafia.

 

(Neo)Paramilitarismo y Estado (paramilitar)

 

El paro tuvo éxito en regiones como Córdoba, Sucre, Cesar, Chocó, Urabá Antioqueño, Magdalena, Sur de Bolívar[7], donde el paramilitarismo se ha venido fortaleciendo durante las últimas tres décadas por las fuerzas combinadas de los ganaderos, los capos del narcotráfico, los barones de la minería, los caciques políticos aliados al gobierno y los palmicultores[8]. Estas son las zonas duras de influencia paramilitar y donde se ensayó esa combinación político-paramilitar que luego se denominará uribismo, que nació con las Convivir y que culminó con el Pacto de Ralito.[9]

 

Los medios se sorprenden que el paro haya tenido tanto éxito así como del poder de intimidación de los paramilitares. Pero la población en la Costa sabe a qué atenerse cuando los paramilitares amenazan; ese poder de intimidación lo han practicado durante tres décadas con la complicidad del Estado que los ha premiado por sus buenos oficios con tolerancia ante sus actividades criminales, con sentencias irrisorias, con beneficios de toda clase y permitiéndoles pelearse las jugosas rutas del narcotráfico y ahora también las ollas de economía mafiosa en los cascos urbanos[10].

 

Por eso no deja de sorprender el cinismo del presidente Santos, quien conoce muy bien la historia del terror paramilitar, cuando llama a que la comunidad desafíe el paro armado: “Mi llamado es a que todo el mundo se ponga la camiseta. Necesitamos que la comunidad se enfrente con la misma entereza como lo hace la Fuerza Pública a estas bandas criminales. Sólo unos pocos, nunca han podido triunfar. Por eso no se dejen intimidar[11]. Estas palabras son cínicas pues Santos sabe que los paramilitares no son pocos (se calcula, oficialmente, al menos 10.000 hombres en armas), que la Fuerza Pública no se enfrenta con ellos (todo lo contrario) y que la comunidad no se va a enfrentar al paramilitarismo porque él lo ordene. Las comunidades de esas regiones de Colombia sienten pánico ante la tenaza paramilitar y desconfían de la “protección” de las autoridades. Y con razón, dada la larga tradición de vínculos Estado-paramilitarismo.   

 

Es más, el mismo patrón de connivencia de la fuerza pública con los paramilitares, en que la fuerza pública se retira de localidades para dejar al paramilitarismo actuar (como en Mapiripán, El Salado, etc.) ha sido denunciado por la Federación Agrominera del Sur de Bolívar en un comunicado que sacaron a raíz del paro armado: “en el casco urbano del municipio de Rioviejo y en el corregimiento Cobadillo de ese mismo municipio, se ha visto una gran movilización de paramilitares, entre ellos uno de los comandantes conocido como JJ. Los pobladores han informado las identidades de varios de los paramilitares que están haciendo presencia en estos sitios y la ubicación exacta de las casas donde se albergan. Esta información es conocida por los pobladores del municipio, sin embargo ni la policía ni el ejército ha hecho nada para capturar estas personas. Es más, informan que de algunos de los sectores donde se han visto a los paramilitares se está retirando el ejército[12].
 
Qué contradicción entre esta cruda realidad y las falaces afirmaciones del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón: "Los colombianos no se deben dejar amedrentar, tienen a su Fuerza Pública que los protege. La Policía y las Fuerzas Militares han fortalecido su presencia en todos los cascos urbanos donde esto se ha presentado"[13]. 
 
Dice Sergio Otálora Montenegro en su columna de El Espectador que “se equivoca el ministro Pinzón al afirmar que esos escuadrones de pistoleros no tienen ‘relación alguna con fuerzas del Estado’, porque es todo lo contrario, como es ya tradición: hay agentes del Estado cómplices de esas bandas; Human Rights Watch, en su informe de 2010 sobre “los herederos” de los paramilitares, publicó testimonios de fiscales especializados en perseguir a esas bandas (en Urabá) en los que señalan que ‘hay relaciones (entre los criminales) y la fuerza pública, fiscales, policía y DAS. Se mueven (los delincuentes) como pez en el agua’.[14]
 
Todo lo cual es muy cierto. Pero la relación va más allá de “relaciones” puntuales o casuales. Como lo dijo el paramilitar alias HH:

Yo andaba como Pedro por su casa. Entraba a la brigada, al cuartel de la Policía, y hacía lo que quería. Yo hablaba de muchas personas de la Fuerza Pública porque yo lo he dicho siempre: nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla (…) En Urabá cuando empezamos, todos los cuerpos se dejaban donde se mataba a la gente. Después de un tiempo la FP [ie., Fuerza Pública] comienza a presionar: que nos dejan seguir trabajando, pero que desaparezcamos las personas. Ahí es donde se empiezan a implementar las fosas comunes (…) Toda la Fuerza Pública tenía relación con nosotros. Yo andaba libremente en una Hilux blanca, que llamaban ‘camino al cielo’, y asesinábamos personas todos los días, en todos los municipios del Urabá. Yo andaba enfusilado, con mis escoltas enfusilados, y no me capturaban. La única que denunciaba era la doctora Gloria Cuartas. ¿Pero por qué no nos capturaban? Porque todos nos apoyaban.[15]

El paramilitarismo ha sido una estrategia de control social y territorial del Estado, así como un mecanismo de despojo violento del campesinado al servicio de terratenientes y multinacionales. También ha sido un mecanismo para mantener salarios bajos y una masa laboral desorganizada en condiciones de lo más precarias imaginables. Y un mecanismo para deshacerse de la oposición política. Dice el paramilitar HH al respecto del terror como mecanismo de control social que: “Matar gente se vuelve un vicio, como meter perico o fumar marihuana (…) Cuando llegamos a Urabá decapitamos mucha gente. Se generó como estrategia para promover terror.[16]
 
El paramilitarismo, en resumidas cuentas, es una herramienta del Estado, fundamental en el proyecto político ultraderechista y conservador que se ha venido imponiendo en las últimas décadas. Si no fuera por el paramilitarismo, estoy completamente seguro que ni Uribe ni Santos habrían sido presidentes.
 
La autonomía relativa del paramilitarismo como aparato represivo del Estado

 

El vínculo Estado-paramilitarismo es evidente, pero tampoco debe verse de una manera excesivamente simplista, como si el paramilitarismo fuera un mero alfil, sin intereses propios, al servicio del bloque dominante. Si el Estado los ha armado, tolerado y auxiliado, es porque son funcionales a su estrategia política y su dominio. Pero el paramilitarismo, por su propia naturaleza, goza de unarelativa autonomía. Por ponerlo en términos muy sencillos: el paramilitarismo asesina, viola, tortura, desaparece a personas que, por diversas razones, son molestas para el establecimiento. Mantienen el control social mediante el terror. Pero a cambio exige ciertas prebendas. Los paramilitares han gozado de un grado de impunidad enorme gracias al cual han amasado inimaginables fortunas por narcotráfico y aportes económicos de la oligarquía, conseguido (a las buenas o a las malas) las mujeres que han querido, y han sido efectivamente la ley en muchas regiones. Donde ciertos observadores han equiparado de manera simplista el control paramilitar con la “ausencia del Estado”, es necesario aclarar que el paramilitarismo ha sido la expresión más extendida así como perversa del Estado, con poderes plenipotenciarios y dictatoriales.

 
En este sentido es inexacto decir que los paramilitares son meras bandas criminales, pues juegan un claro rol político. Pero eso no significa que sus testaferros sean “criminales políticos” como los presentaron durante la supuesta “desmovilización”. Son delincuentes comunes, mercenarios, al servicio de las grandes fortunas, cuyas motivaciones nunca han sido ideológicas, de cambiar o servir al país (como alguna vez quiso hacernos creer el ex presidente Uribe, quien los describía como “buenos muchachos” de “profunda” convicción contrainsurgente), sino de enriquecerse. 
 
Son instrumentales a la derechización del país, pero no son un factor políticamente activo. El carácter criminal nato del perfil del paramilitar promedio es fundamental para comprender el grado de barbarie al que llegaron. En realidad, ¿qué clase de personas son capaces de violar a menores de edad, descuartizar personas con motosierra, jugar fútbol con cabezas humanas, asesinar todos los días, todo el día, mutilar y torturar? Estos elementos hacen que, pese a lo necesaria que puedan ser estas fuerzas en un momento dado para el bloque dominante, no sean fuerzas fiables ni disciplinadas, lo que significa que en determinados momentos puedan entrar en contradicciones secundarias (jamás antagónicas) con el régimen. Por esta razón, a diferencia de algunos izquierdistas que han entendido la relación Estado-paramilitarismo de manera bastante mecanicista, no me causó ninguna sorpresa ni el paro armado ni las bravatas de los paramilitares. 
 
Este ejército de choque compuesto por “hampones, delincuentes comunes, oportunistas aventureros y sectores paupérrimos que en su desesperación por la supervivencia bien conocen el refrán de Víctor Hugo ‘tener hambre y sed es el punto de partida; convertirse en Satanás es el punto de llegada’” no es una originalidad del caso colombiano. También se ha visto e los escuadrones de la muerte centroamericanos, y en las experiencias clásicas del fascismo italiano y del nazismo alemán –proceso de fascistización que tiene importantes paralelos con el caso colombiano[17]. Por eso el régimen trata de depender de ellos lo estrictamente necesario, esperando que sea una medida transitoria mientras se soluciona la crisis de hegemonía del bloque dominante. El Estado y el bloque dominante son concientes de que han creado y alimentado un monstruo que se les puede salir de las manos
 
Por ello, el Estado y el bloque dominante intentan también generar mecanismos de “control” de estas fuerzas de choque paramilitar. En el caso del fascismo clásico europeo, se implementó “una serie de concesiones espurias, demagogia violenta y purgas internas crónicas como manera de controlar a los ‘plebeyos’ que no se mantienen a raya o que acumulan demasiado poder[18]. Las purgas internas fueron tan cruentas en la Alemania Nazi que incluso Hitler propició la “Noche de los Cuchillos Largos” para depurar a sus propias bandas de líderes y cuadros difíciles de controlar. En Colombia también, al parecer, venimos presenciando desde hace un par de años una situación de purgas crónicas[19] dentro del propio aparato paramilitar que tantos servicios ha dado a una oligarquía que, en último término, le sigue alimentando.
 
“Desmovilización paramilitar” y surgimiento de las Bacrim
 

El paro armado nos obliga a un replanteamiento del significado real que tuvo la supuesta “desmovilización” paramilitar y la Ley de Justicia y Paz. Con este paro armado todo el mundo se ve forzado a reconocer lo que la izquierda ha dicho desde hace casi siete años: que la desmovilización no fue tal y que lo que se buscó fue, en gran medida, la impunidad y la “normalización” de la obra del paramilitarismo (expropiación, control, consolidación de cacicazgos políticos). Si eventualmente se lograron ciertas condenas, lo que terminó por salpicar a las redes de poder político-económico detrás del paramilitarismo, no fue por la ley original, sino por la labor de la Corte Suprema que logró la manera de modificar ciertos aspectos de ésta y utilizar resquicios para impulsar un poco de justicia. La labor incansable de organizaciones de víctimas como el MOVICE (entre muchas) también fue crucial para las eventuales condenas. Pero ese no era el espíritu original de la Ley de Justicia y Paz. Cuando a HH le preguntaron si acaso había entregado el fusil porque había muchos congresistas aliados de los paramilitares y sabía que éstos harían una ley para favorecerlos, su respuesta es concisa: “Lógico[20].

 

Hay gran parte de verdad en las afirmaciones de Sergio Otálora Montenegro (uno de los pocos columnistas que se han atrevido a tocar este tema en la prensa colombiana) cuando dice que “con la intrépida acción de los neoparamilitares en estos primeros días de enero, queda más claro que nunca que la desmovilización de las AUC, durante el gobierno de Uribe, fue una calculada operación de impunidad, cuando no una pantomima, porque, como se ha dicho miles de veces, no se desmantelaron, al mismo tiempo, sus estructuras militares, sus redes criminales y sus fuentes de financiación.[21]

 

Pero aún cuando en cierta medida es correcto afirmar que el objetivo primordial de este Ley fue la impunidad[22], se corre el riesgo de ignorar otros intereses que también parecen haber estado en juego por parte de la oligarquía cuando invitaron a las AUC a acogerse a la Ley de Justicia y Paz. El propio HH arroja luces sobre esto en la citada entrevista, cuando se le menciona que “Hubo muchos reparos al proceso de paz con las AUC. Porque la paz se hace con los enemigos (…) y de alguna manera las autodefensas eran amigas del Estado”. A lo que responde: “Si esa hubiera sido una negociación de yo con yo, estaríamos todos en la calle. Pero estamos presos, unos extraditados. No fue una negociación de yo con yo. Fue una negociación donde el Gobierno buscó lo que quería y lo logró. Y nosotros perdimos[23].

 

Pero, ¿Qué era lo que el gobierno quería? Más allá de la impunidad, parece claro que un sector del establecimiento colombiano estaba inquieto con el nivel de poder, privilegio y riquezas acumulado por los caciques paramilitares en grandes extensiones del territorio colombiano. La oligarquía no estaba dispuesta a que, en el curso de la guerra sucia para poder mantener su hegemonía, surgiera un factor eventualmente desestabilizador o que pudiera entrar a competir con ella. La supuesta desmovilización logró un objetivo fundamental entonces que fue descentralizar al paramilitarismo, desconcentrar sus fuerzas.

 

Esta fragmentación del mando unificado ha impedido que surjan caciques paramilitares de la envergadura de un Mancuso, Jorge 40 o como un Castaño, aún cuando las estructuras de poder local se mantengan intactas, y como lo demuestra el para armado, tengan una capacidad de coordinación importante en vastas regiones. Bien dice Otálora Montenegro que “Esta nueva cepa de escuadrones de asesinos, más atomizada, sin un mando central, sin ‘ideólogos’ a la vista, aún más sanguinaria que la anterior y dispuesta a todo, empieza a salirse de madre, ante la impotencia de un Estado que no puede o no quiere cortar de raíz esa espesa red de complicidades tejida a lo largo de tantos años.[24] Esto último es muy importante de considerar porque esta nueva versión del paramilitarismo ha producido un aumento de la violencia por las peleas de los capos locales por disputarse la hegemonía en una determinada región, o por pelearse el acceso a las ollas de economía mafiosa en las ciudades.

 

Pero también el proceso de fragmentación del aparato paramilitar, que fue coincidente con un enorme aumento del pie de fuerza del Ejército, buscaba ir superando la dislocación que la estrategia paramilitar produjo en el seno del Estado. Durante el proceso de paramilitarización del país desde fines de los ’80, “el Estado, pese a las apariencias, no se desintegra, sencillamente se disloca al desplazarse el poder real de la clase dominante a instancias ajenas a los mecanismos de poder formales decir, de los mecanismos tradicionales del Estado como institución[25]. Este proceso de volver a que, en el ejercicio de la fuerza, el poder real vuelva a coincidir con el poder formal, es lo que se ha entendido de manera superficial en el último tiempo como “recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado”. Sin embargo, no hay que dejarse confundir por las apariencias: como dice el sociólogo Nicos Poulantzas al analizar este fenómeno de “dislocación” de los mecanismos de poder reales y formales en las experiencias del fascismo clásico europeo "Es cierto que el aparato represivo del Estado parece perder, durante el proceso de fascistización, su monopolio del ejercicio de la fuerza y de la violencia legítima [ie., sancionada por la ley], en provecho de milicias privadas. Sin embargo, por una parte, esto se hace en provecho únicamente de organizaciones armadas del bloque en el poder; por otra parte, no hay que perder de vista las connivencias y las relaciones entre el aparato de Estado y esas milicias, ya que es el Estado el que las arma."[26] La relevancia de este análisis para comprender la realidad del paramilitarismo en Colombia es auto evidente.

 

Por otra parte, el paramilitarismo no deja de presentar ciertos inconvenientes para el bloque en el poder, aún cuando les sirvan, precisamente por el propio carácter de las fuerzas que lo componen. En palabras de Alfredo Molano:

 

Con el tiempo, los colaboradores [ie., del paramilitarismo]se fueron cansando o quebrando. Coincide este momento con la desmovilización: es más barato, dijeron, pagar los impuestos que las cuotas [ie., cansancio coincidente con la urgencia en superar la dislocación de poderes y recuperar cierta apariencia de “normalidad”]. Pero ya era tarde. Los combos desmovilizados, cada uno por su lado, continuaron cobrando aportes, respaldados por las muchas armas que nunca entregaron y por la fama que cada paraco tenía en la zona. Ya no necesitaban uniformes, ni brazaletes ni armas largas. Más aún, en muchas partes, los colaboradores tenían —y tienen— que pagar a varios combos al tiempo, porque no hay unidad de mando. En cada región mandan al tiempo Urabeños, Paisas, Rastrojos, y todos reciben (…) Con seguridad, en muchas zonas rurales se paga más en extorsión que en impuesto predial.[27]

 

En este proceso de control de los elementos díscolos del paramilitarismo por parte de la misma oligarquía que los alimenta, de control al poder que acumulan en ciertas localidades, de conflicto interno por la hegemonía entre los propios paras, y de conflicto de intereses con elementos de la oligarquía (cuotas, control de actividades económicas lícitas o ilícitas, etc.), es que yacen las causas de las tensiones y roces que están surgiendo entre el aparato paramilitar y el Estado, así como los problemas puntuales que pueda haber habido con un “Cuchillo”, con un “Don Mario” o con un “Giovanni”.

 

Pelea familiar, no contradicciones de fondo

 

Es muy improbable que estos roces terminen en un enfrentamiento abierto entre el Estado y el paramilitarismo. Aunque algún elemento díscolo pueda decidirse a entrar a la confrontación por algún interés particular, como en una clásica pelea de mafias, el paramilitarismo jamás se enfrentará de lleno al Estado porque esto no cabe ni dentro de su lógica ni de la motivación de quienes se meten a gatillar buscando dinero y prestigio fácil. Acá no va a haber, como dicen de manera sensacionalista y sin ninguna base ciertos medios, un “Plan Pistola” del paramilitarismo contra la Fuerza Pública[28], la cual, dicho sea de paso, no fue tocada durante varios días de paro armado.

 

Desde el punto de vista del Estado, como la crisis de hegemonía y legitimidad subsiste, la duplicidad de los mecanismos de represión para-estatales sigue siendo una realidad, aún cuando ahora se busque el predominio del aparato de fuerza pública por sobre el privado. ¿Cómo podría pretender Santos implementar su plan de desarrollo nacional, cono todo lo que implica (desplazamientos masivos para apropiarse de territorio para la implementación de la locomotora minero-extractiva y la agroindustria) sin apoyo de la herramienta paramilitar?

 

Es por ello, que la solución para el problema de la seguridad de las comunidades no pasa por “más presencia del Estado”. El problema pasa por el desmonte del Estado paramilitar, por la desmilitarización de los territorios, porfortalecer el tejido social, desde abajo, desde la solidaridad de los pueblos. Ese es el único freno efectivo que puede haber al paramilitarismo, no hacerse falsas ilusiones en una institucionalidad política cómplice del mismo paramilitarismo que hoy verbalmente (y con algunos gestos simbólicos[29]) ataca.

 

José Antonio Gutiérrez D.

8 de Enero, 2012


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